El gobierno de Colombia firmó una Directiva para evitar la estigmatización y el discurso de violencia, discriminación y odio por parte de funcionarios contra periodistas y medios, así como promover el respeto de la libertad de prensa.

La firma de la Directiva llega 9 días después de que el presidente Colombia, Gustavo Petro descalificara a las mujeres periodistas refiriéndose a ellas como “muñecas de la mafia”. 

La Directiva Presidencial dirigida a ministros y directores de entidades públicas nacionales, que está enfocada en fortalecer el respeto a la libertad de expresión y prensa en el país, establece lineamientos específicos para que los funcionarios eviten declaraciones que puedan instigar la violencia o el discurso de odio. 

Asimismo, promueve la creación de espacios de diálogo respetuoso y plural, subrayando la importancia de la diversidad de opiniones para el fortalecimiento de la democracia.

Lea la Directiva completa en el documento descargable.

“En el momento en que (los funcionarios) consideren que se está difundiendo información contraria a la verdad, parcializada, descontextualizada o estigmatizante, o que vulnera los derechos de una población, deben brindar información suficiente para la rectificación, complementación o corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o descrédito”, indica la Directiva. 

En la Directiva, el gobierno colombiano hace además un llamado a favor de pronunciamientos responsables por parte de los servidores públicos, y abstenerse de hacer comentarios que discriminen a periodistas o actores del debate público.

“Antes de hacer declaraciones públicas sobre el trabajo de investigación de periodistas, especialmente en asuntos de interés público, asegurarse de contar con datos precisos y verificados”, señala. 

Acceso a la información y capacitación para funcionarios

Por otro lado, se busca garantizar el acceso a la información pública a los medios de comunicación de manera veraz, imparcial y oportuna.

“En situaciones de interacción con la prensa, como las ruedas de prensa y entrevistas, las y los periodistas y comunicadores sean tratados/as con respeto y que se garantice que todas las personas participantes tengan oportunidades equitativas de formular preguntas, sin discriminación alguna”, expresa. 

Asimismo, se prevé la implementación de programas de capacitación para los servidores públicos en materia de libertad de prensa y expresión.

El documento también establece mecanismos de seguimiento y divulgación para asegurar su correcta implementación en todas las entidades gubernamentales, con un fuerte énfasis en sensibilizar sobre la importancia de un periodismo libre e independiente en una sociedad democrática.