El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron sobre el profundo deterioro de las libertades de expresión y prensa en El Salvador, exacerbado por el estado de emergencia instaurado por el gobierno de Nayib Bukele.
La misión conjunta, realizada esta semana, evidenció entre otros temas, graves restricciones al acceso a la información pública, con un debilitamiento notable del instituto encargado de garantizar este derecho.
Entre las principales alertas, destacan la falta de acceso a datos críticos como la situación en las cárceles y las estadísticas de criminalidad, lo que ha generado un ambiente de opacidad y autocensura en la labor periodística.
Periodistas y organizaciones civiles coincidieron en señalar el ocultamiento deliberado de información por parte del gobierno, y la ausencia total de fuentes oficiales confiables.
La misión también constató que, desde la implementación del estado de emergencia, se han limitado garantías constitucionales fundamentales, como la confidencialidad de la correspondencia y el derecho a la libertad de prensa. A esto se suman detenciones sin orden judicial, lo que ha incrementado la intimidación hacia los periodistas.
Los periodistas denunciaron un aumento de la estigmatización, acoso y amenazas provenientes de funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Bukele.
La retórica hostil contra la prensa, las campañas de descrédito y las auditorías financieras a medios críticos son tácticas utilizadas para silenciar el periodismo independiente. Además, el uso de la publicidad oficial como herramienta de control, destinándola mayoritariamente a medios afines al gobierno, ha debilitado aún más a los medios independientes.
Ataques cibernéticos contra periodistas
Asimismo, el uso del software espía Pegasus contra 35 periodistas y medios, como El Faro y La Prensa Gráfica, entre otros, violó la privacidad de los comunicadores entre julio de 2020 y noviembre de 2021.
En tanto, informes destacan el despliegue de un "ejército digital" de troles para hostigar a críticos y amplificar la propaganda oficial.
La comitiva, encabezada por Roberto Rock, presidente de la SIP, y Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ, se reunió con representantes de medios, asociaciones de periodistas y organismos de derechos humanos.
Además de sostuvo un encuentro con el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, quien rechazó las estadísticas sobre agresiones a la prensa presentadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), alegando diferencias metodológicas.
La misión incluyó a directivos de la SIP y miembros del CPJ, quienes reafirmaron su compromiso de monitorear la situación en El Salvador y brindar apoyo a los periodistas que enfrentan este clima de creciente represión y censura.
