El periodista Alfredo Jiménez Mota residía y trabajaba en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Entonces reportero de El Imparcial de esa ciudad, fue desaparecido desde el 2 de abril de 2005.
Una compañera explicó que el día de la desaparición, le marcó, aparentemente preocupado, y le dijo que tenía una junta con una de sus fuentes. Nunca lo volvieron a ver.
Se asumió que la fuente a la que el periodista vería era algún funcionario de seguridad local, quien en los meses anteriores le pudo haber proporcionado información y documentos sobre el grupo criminal “Los Salazar”. Eventualmente se reveló que la fuente era Andrés Montoya García, quien fue subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. Declaró que se vieron en un supermercado, pero que el periodista se fue para ver a otra fuente y no supo más de él.
El teléfono del periodista mostró que la última llamada que recibió fue a las 23:04 horas por parte del entonces subdelegado de la PGR en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Fue interrogado pero luego dejó su cargo.
Existen rumores de que el periodista fue asesinado y su cuerpo fue disuelto en ácido. Los restos habrían sido dejados en una ubicación no identificada en el desierto. Esto fue publicado en el semanario “Zeta” por Jesús Blancornelas.
El periodista había recibido amenazas previamente por parte de una fuente anónima. La madre del periodista explicó que dijo que tres sujetos con la cabeza rapada lo estaban siguiendo una semana antes de su desaparición.
El reportero investigaba posibles vínculos del gobierno de Sonora con el narcotráfico. En enero de 2004, el medio “Ríodoce” dio cuenta de amenazas del policía Reynaldo Zamora al periodista.
Para encontrar el paradero del reportero, se inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005. La SIP registró el caso con el número de referencia 13.0007, y la CIDH emitió el informe 58/15. El expediente sigue abierto pero no hay avances ni detenidos.
Se sospecha del grupo criminal “Los Salazar” de haber desaparecido al periodista.
El caso se encuentra actualmente en la corte de la CIDH, a donde fue llevado por la Sociedad Interamericana de Prensa. La organización intenta asegurar que el Estado admita su responsabilidad en el caso y que tome nuevas medidas para evitar crímenes contra periodistas. De igual manera se espera que se le otorgue una compensación a la familia del periodista.
La SIP también lanzó la campaña “Lápices Inmortales” contra la impunidad en su caso, al igual que en los de los periodistas Carlos Lajud (Colombia) e Irma Flaquer (Guatemala).
OBSERVACIONES
A partir de algunos testimonios recabados y documentos que han sido publicados, se desprende la probable responsabilidad de funcionarios municipales, estatales y federales en la desaparición de Jiménez Mota, lo que podría explicar el aletargamiento y falta de resultados en las investigaciones.
En la averiguación 90105 se mencionada también el registro del teléfono celular del periodista muestra que la última llamada que recibió ese sábado, en punto de las 23:04 horas, fue de parte del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, quien cayó en diversas contradicciones en sus declaraciones con respecto a la última llamada telefónica que recibió el periodista.
Un mes después de la desaparición de Jiménez Mota, el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos (ya finado) confirmó que detrás del caso estaba el narcotráfico, aunque todavía faltaba por definir qué organización, cómo ocurrió y porqué. La SIEDO, comentó el funcionario en esa ocasión, seguía 11 líneas de investigación, algunas de ellas eran: su círculo religioso, motivos personales y el trabajo periodístico de Alfredo y por ello podrían estar involucrados en su desaparición funcionarios de la PGR, uno de ellos el ex subdelegado de Procedimientos Penales zona Centro, Raúl Fernando Rojas Galván; y la posible participación de cárteles de la droga.
El policía municipal de Navojoa teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela denunció al grupo político que encabeza Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador de Sonora, como el responsable de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.
Después de dos años de seguir sin saber qué ocurrió con Jiménez Mota, la revista Proceso publicó el 21 de enero de 2007, una entrevista con un expolicía de Navojoa, Sonora, el teniente Jesús Francisco Ayala, quien en ese momento esperaba que la PGR lo convirtiera en testigo protegido, tras rendir diferentes declaraciones ministeriales en las que denunciaba a los grupos de narcotraficantes y sus vinculaciones con políticos de primer nivel en el estado de Sonora.
Ayala sostuvo que "la verdadera razón por la que desaparecieron a Jiménez Mota es que estaba trabajando un reportaje donde iba a desnudar a este grupo político, que da protección a los narcotraficantes más fuertes de Sonora. De alguna manera el grupo político se enteró de eso y se dio la orden de su desaparición poco antes de que Alfredo recibiera unas grabaciones con las que sustentaría su trabajo. Esas grabaciones de intervenciones telefónicas, que estaba por recibir Jiménez Mota, no se sabía quién las entregaría, pero se sabía que en ellas aparecían conversaciones entre un miembro del grupo político, Ricardo (Roberto) Tapia Chan, entonces jefe de la Policía Judicial de Sonora, con el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, donde salía a relucir el nombre de Ricardo Bours (hermano del gobernador en turno)".
¿A quién le encargaron la desaparición de Alfredo Jiménez Mota? -preguntó el reportero--.
"A un policía que fue compañero mío en Navojoa, Juan Ausencia Félix Moroyoqui, amigo íntimo de Gastélum Villegas. Como le tenían que encargar el trabajo a alguien de mucha confianza, porque el favor iba a ser para Tapia Chan, entonces le pidieron a Juan Ausencia el trabajo. Él era sicario de la organización de "Los Números", y el trabajo lo hizo con un grupo de ocho sicarios y policías de su grupo", relató para Proceso.
A partir de algunos testimonios recabados y documentos que han sido publicados, se desprende la probable responsabilidad de funcionarios municipales, estatales y federales en la desaparición de Jiménez Mota, lo que podría explicar el aletargamiento y falta de resultados en las investigaciones.
OTRA LÍNEA
La SEIDO exploró otra línea que dirigía las hipótesis hacia otro capo de Sonora, Raúl Enríquez Parra y sus hermanos, jefes operativos de Los Güeritos o Números.
Jiménez Mota investigaba la protección que recibían los hermanos Beltrán Leyva -llamados Los Tres Caballeros-, y traficantes de personas a partir de la detención en Arizona, Estados Unidos, de Ramón Robles Cota, extitular de Seguridad Pública del municipio de Plutarco Elías Calles, quien fue descubierto dentro de una amplia investigación del FBI en un caso de corrupción entre funcionarios fronterizos mexicanos y estadounidenses. También fue capturado el agente del mismo municipio Julio César Lozano López, quien también ya fue liberado en Estados Unidos.
Pero tampoco sobre esta hipótesis de investigación, la ahora FGR, ha informado en todos estos años, y tampoco ha detenido a alguno de los presuntos responsables.
Adán Salazar fue detenido en 2011 y permanece en prisión, a partir de entonces fueron capturados hermanos, hijos y sobrinos del capo, pero eso no ha significado que el caso se resuelva.
La SIP también lanzó la campaña “Lápices Inmortales” contra la impunidad en su caso, al igual que en los de los periodistas Carlos Lajud (Colombia) e Irma Flaquer (Guatemala), por su derecho a la memoria.
