En su participación en la presentación del Índice Chapultepec 2025, explicó que el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha servido no solo como herramienta de seguridad pública, sino también como marco para la suspensión práctica de garantías y la criminalización de voces críticas.
Journalism Trust Initiative es un estándar internacional impulsado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) que busca establecer criterios claros de gobernanza editorial, transparencia institucional y rendición de cuentas en las organizaciones periodísticas.
El decálogo de ética para el uso de IA presentado por el gobierno federal es un avance en la agenda pública, pero especialistas advierten que es insuficiente sin una estrategia nacional, mecanismos de implementación y regulación específica.
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México cayó cinco posiciones hasta el lugar 18, con su peor calificación desde que comenzó el índice. Aunque la actual administración federal ha sostenido un discurso formalmente contrario a la censura, la SIP observó una persistente ineficacia en la protección de periodistas.
Violencia contra periodistas obliga a redacciones a reforzar medidas de protección
El informe señala que dos tercios de los 129 periodistas asesinados en 2025 se concentraron en el conflicto entre Israel y Gaza, pero la violencia contra la prensa también persiste fuera de zonas de guerra, como en México.
Siete de cada diez suscriptores estadounidenses están inscritos a al menos cinco Newsletters.
WAN-IFRA subrayó que el periodismo inclusivo es un componente esencial para mantener la credibilidad de la información en un contexto global marcado por conflictos, polarización y desinformación.
Las mujeres representan apenas el 37% de reporteras y 26% de las personas que aparecen, son citadas o protagonizan las noticias en medios tradicionales. Además, pese a que la violencia de género afecta a una de cada 3 menos del 2% de las noticias analizadas abordan este problema.
Artículo 19 documentó que la hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en marzo de 2020, fue notificada el pasado 20 de febrero, pese a que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no solicitó la cancelación.


























