Amado Ramírez Dillanes era considerado un reportero serio y crítico. Información de personas que lo conocían sostiene que en las últimas semanas había obtenido información delicada sobre el tráfico de cocaína en Guerrero, datos que nunca publicó. Su crimen, el 6 de abril de 2007, ocurrió en un contexto de una enorme violencia en la ciudad.
Oficialmente se identificó a dos detenidos como copartícipes del crimen. Se trataba de Genaro Vázquez Durán, de 32 años de edad, y Leonel Bustos Muñoz. El primero habría sido quien disparó el arma que acabó con la vida del periodista, según dijeron tres testigos que los identificaron.
Fuentes de la PGR revelaron que los sospechosos se entregaron en un retén instalado en la costera Miguel Alemán, cerca de la zona de la Condesa, en Acapulco. Los presuntos homicidas habrían asegurado que por la presión que se había hecho en los medios de comunicación ya los estaban localizando sus propios contratantes para asesinarlos.
En marzo del 2009 el juez José Jacobo Gorostieta determinó un móvil pasional y sentenció a 38 años de prisión a Vázquez Durán.
Un año después, el Primer Tribunal Colegiado le concedió el amparo y ordenó la reposición del proceso. Esto no se hizo porque no se encontraron a los testigos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demostró que los detenidos “Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos, fueron sometidos a tratos crueles y/o degradantes y tortura”.
Otros de los puntos sustanciales de la Recomendación 1/2008 de la CNDH son:
“La deficiente e irregular integración de la averiguación previa, al existir inconsistencias en la elaboración de los retratos hablados, siendo evidente que existían discrepancias entre los mismos. Que es dudosa la participación de los testigos, siendo que tres de éstos fueron encontrados y presentados días después del homicidio sin explicación alguna en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, personas cuyo domicilio no existe ni son conocidos por vecinos del lugar.
“No se agotaron las cuatro líneas de investigación planteadas en un inicio y se privilegió la línea personal. Se desestimaron declaraciones de colaboradores cercanos a Amado Ramírez quienes declararon tener conocimiento de que había sido amenazado de muerte y no existió investigación alguna de los correos electrónicos y notas periodísticas en las que se difundió la autoría en el homicidio de un grupo insurgente fuera de la legalidad”.
