A través de sus redes sociales, Francisco Pacheco Beltrán, reportero de los medios Capital Máxima, El Sol de Acapulco y El Foro de Taxco era muy crítico de las autoridades, particularmente del entonces presidente municipal Omar Jalil Flores, y además exhibía la violencia en la zona.
Horas antes de su asesinato, Pacheco Beltrán estuvo informando sobre las balaceras sucedidas la noche del domingo en el puerto de Acapulco, motivadas por el enfrentamiento entre un grupo armado y la policía federal
Tres semanas después del crimen, personas llegaron a la casa de Francisco Pacheco para amenazar a los familiares y obligarlos a abandonar Taxco.
El crimen ocurrió a las afueras de su casa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación 72/2017 cuestionó las pesquisas de las autoridades, tanto federales como estatales.
Tampoco, añadió la CNDH, se investigaron amenazas previas. “Este escenario obligaba a realizar, de manera especial e inmediata, lo siguiente: el acopio, revisión y análisis de la información que la víctima hubiera emitido con relación a su trabajo periodístico que antecedieran al hecho delictivo; una investigación en fuentes de información abierta respecto a las notas publicadas por V1 con relación a su labor informativa, ya que esto era necesario para tener un panorama más amplio del trabajo realizado por V1 antes del evento. Realizar un análisis del contexto editorial de sus publicaciones para detectar si las noticias que cubría discurrían sobre temas de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados, toda vez que resultaba imprescindible que AR examinara la vulnerabilidad de V1 por su línea editorial y estar en condiciones de establecer el móvil del homicidio como un posible acto de censura directa vinculada al tipo de información que publicaba y, en consecuencia, ahondar en esta línea de investigación”.
Su hija Priscila Pacheco denunció: “Desde el inicio de las indagatorias a la familia se le negaron copias de la averiguación previa, se nos ha revictimizado y el Ministerio Público fue omiso para atender nuestros llamados. Incluso no supimos nada de él por dos años, actualmente no atienden nuestras llamadas, y si nos presentamos en las instalaciones nos piden sacar una cita que nunca se concreta y las escasas veces que se ha acudido, el agente del Ministerio Público está de vacaciones o enfermo. Hoy quieren darle carpetazo a la investigación. En septiembre de 2019 se nos notificó que no darían copias del expediente con la justificación de que esto podría limitar su capacidad de investigación, cuando claramente han dejado ver que no tienen los medios ni el personal capacitado para cumplir con sus funciones”.
En enero de 2019, mediante un mensaje no oficial de WhatsApp, el entonces asesor jurídico federal proporcionado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), avisó a la familia que dejaba el caso porque se estaba reestructurando la comisión y dejaría de laborar.
En abril de 2020, la familia denunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión quería dar carpetazo al tema. El expediente sigue abierto y sin avances.
