El periodista Francisco Romero Díaz, al que conocían como “Ñaca Ñaca”, fue asesinado el 16 de mayo de 2019 en la ciudad Playa del Carmen, Quintana Roo, donde también residía y trabajaba. Fue el quinto periodista asesinado en 2019.
El día de su muerte, el reportero había recibido una llamada a las cinco de la mañana para cubrir un suceso en un bar llamado “La Gota, horas después encontraron su cuerpo en los alrededores del local. No le resultó extraño, porque el primero de los periodistas en enterarse de temas violentos
Romero Díaz había sido asediado, después del asesinato de sus dos colegas Rubén Pat y José Guadalupe Chan Dzib, que trabajaban para el medio de comunicación digital Semanario Playa New.
Artículo 19 documentó al menos cinco agresiones en su contra en el 2019, según informó en un comunicado la organización internacional.
El periodista era independiente, comenzó apenas hacía cuatro años a reportear, y se había especializado en la cobertura de nota roja. Antes fue colaborador del periódico Quintana Roo Hoy y luego fundó la página de Facebook de noticias locales “Ocurrió Aquí”, que era muy vista.
El periodista había pedido ayuda al Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que le otorgó un “botón de pánico”, un vehículo y, unos meses después, una escolta conformada por cuatro policías que lo seguían cuando se desplazaba. El periodista no estaba acompañado por sus escoltas cuando lo asesinaron, les había pedido a las 10 de la noche que se retiraran a descansar.
La noche de su asesinato fueron detenidos tres hombres que atacaron el bar de Playa del Carmen, uno de ellos confesó que había sido el asesino material del periodista, de acuerdo con el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes, quien sostuvo que los tres detenidos eran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y que desconocía al que daba las órdenes.
En el boletín 122/2019-ZS, emitido por la Fiscalía del Estado, en el que se dio a conocer que “la víctima había presentado una denuncia el 12 de abril pasado por el delito de amenazas de la que tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la ahora Fiscalía General de la República Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para su familia, su esposa y un niño pequeño, las cuales fueron otorgadas. Los organismos defensores de libertad de expresión acusaron que Romero Díaz estaba bajo protección policiaca. En respuesta, el gobierno mexicano, a través del subsecretario Alejandro Encinas, culpó al reportero por no cumplir las medidas de protección.
Ante las acusaciones que antes de morir hizo el periodista contra la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Berinstain, porque lo amenazó de muerte al publicar información sobre abusos y corrupción en su gestión, la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo para que la FEADLE atrajera el caso e investigara a la funcionaria, quien trató de reelegirse en el pasado proceso electoral.
El expediente sigue abierto y sin avances.
