El periodista Gregorio Rodríguez Hernández residía y trabajaba en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, donde fue asesinado el 28 de noviembre de 2004.
El reportero gráfico falleció después de que en un operativo en el que participaron tres hombres, aprovecharon que cenaba en un local dentro del fraccionamiento Infonavit del municipio de Escuinapa con sus dos hijos de 3 y 6 años de edad, para dispararle de forma directa y a quemarropa. El periodista murió a causa de las heridas de bala en la cabeza, cuello y tórax.
Una de las primeras hipótesis fue que, sin saberlo, Rodríguez Hernández tomó fotografías en las que aparecían, al menos, un jefe de la policía y presuntos narcotraficantes, de acuerdo con testimonios de sus colegas. Más tarde, el director de información de El Debate, medio para el que trabajaba el fotorreportero, comentó que el asesinato podría estar vinculado a una nota publicada el 24 de noviembre de 2004, en la que se mencionaba a dos de los individuos sospechosos en el asesinato del periodista.
La entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa inició la averiguación previa ESC/I/371/2004 y el expediente 2004/3771/SIN/5/SQ. En los documentos se confirmaba que la fotografía que tomó y se publicó a fines de julio de 2004 por la detención de ocho hombres, era la razón de su crimen, entre los detenidos estaban en esa imagen Antonio Frausto Ocampo y un hermano, del entonces jefe de la Policía Ministerial del Estado, Tamar Aguilar Iñiguez.
El expediente, que estuvo a cargo del entonces subprocurador de la zona sur, Martín Flavio Leal Armenta, también planteaba que en octubre de 2004, el fotorreportero al salir de una fiesta celebrada en la comunidad de Cristo Rey, volvió a captar con su cámara a Frausto Ocampo, quien convivía con varios personajes de la región, entre los que se encontraba presuntamente el entonces jefe de la policía municipal, Abel Enríquez.
Días después de su muerte, la policía encontró el auto que habrían utilizado los homicidas. De acuerdo a reportes de la prensa local, en su interior había rastros de sangre y se halló un arma que semanas más tarde se comprobó fue la utilizada en el atentado. El vehículo se localizó durante un cateo en la propiedad de Antonio Frausto Ocampo, un individuo considerado cabecilla local de la red de tráfico de drogas y desde entonces señalado como autor intelectual del crimen.
Es así como la procuraduría detuvo a Pedro Salas Franco, “El Cabezón”; Francisco Javier Pineda, “El Gordo” y Elías Álvarez González o Benjamín Contreras Hernández, quienes son originarios de Nayarit y que al parecer dispararon contra el reportero gráfico, de acuerdo a un testigo. Las autoridades aseguraron que al ser capturados tenían entre sus ropas un croquis donde se ubicaba la casa de Ramón Eduardo Guevara, corresponsal de El Debate en Escuinapa.
También en julio de 2005 fueron detenidos el exdirector de Seguridad Pública de ese municipio, Abel Enríquez Zavala, y su pareja María Isela Machado Vélez, acusados de presionar y sobornar (con cinco mil pesos, de los que sólo le pagaron mil), a un testigo para que acusara a los hermanos Sedano Ornelas. Además de desaparecer evidencias en el lugar del crimen, actuó de manera tardía tras el ataque a Gregorio Rodríguez.
Pero, la entonces Procuraduría basó sus acusaciones en el testimonio de una sola persona, que señaló a todos los acusados, por eso al año siguiente fue cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH emitió la recomendación número 8/2006, en la que puso en duda las actuaciones de las autoridades en las investigaciones y recomendó retomarlas e investigar a quienes estuvieron encargados del caso porque quedó “evidenciada plenamente la actuación irregular de las autoridades del estado de Sinaloa que intervinieron en la integración de la indagatoria para esclarecer el homicidio”. Ante la falta de cumplimiento de las autoridades locales, la CNDH volvió a incluir el caso en la Recomendación General 17, sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad que prevalece.
En 2007 tres de los acusados recuperaron su libertad “por falta de elementos”. Y en mayo de 2011 uno de los liberados fue asesinado en circunstancias aún sin aclarar.
El 31 de marzo de 2008 fueron sentenciados a 11 años y cinco meses de prisión el exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa, Abel Enríquez Zavala, por el delito de homicidio en grado de coparticipación; así como Salas Franco, Pineda Sarmiento, y Álvarez González (también conocido como Benjamín Contreras Hernández "El Benja") fueron condenados como autores materiales a 11 años 11 meses y 18 días de cárcel por el delito de homicidio. Todos apelaron.
Enríquez Zavala aseguró que era inocente y que su juicio estuvo plagado de irregularidades. Sin embargo, no pudo demostrarlo y permaneció en prisión durante siete años y dos meses. El 20 de septiembre de 2012, la Dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno de Sinaloa le otorgó la libertad anticipada a Abel Enríquez “por su buena conducta: él ya cumplió con ese delito, ya está libre completamente por este delito”, explicó entonces Martina Guadalupe López Flores, directora del penal de Mazatlán.
Antonio Frausto Ocampo, identificado como sicario del cártel de Sinaloa fue señalado por la procuraduría lo señaló como el presunto autor intelectual. Igualmente a Doroteo y Manuel Ulises Cedano Ornelas como sospechosos en el asesinato.
En enero del 2009 Ocampo fue detenido en Nebraska, Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, y fue sentenciado, aunque se le redujo la condena por colaborar con las autoridades, estaría preso hasta 2024. Pese a estar considerado como principal sospechoso y el entonces Procurador de Sinaloa, Óscar González Mendivil declaró que trabajaban para fincarle responsabilidades, nunca se ha solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos su colaboración para interrogarlo sobre el crimen de Gregorio Rodríguez.
Hasta la fecha no se ha detenido al autor intelectual de este crimen.
