El periodista Héctor Félix Miranda residía y trabajaba en Tijuana, en el estado de Baja California. Fue asesinado el 20 de abril de 1988 en la misma ciudad.
El día del asesinato, dos vehículos le cortaron el paso en el tráfico y le dispararon al periodista en múltiples ocasiones con una escopeta. Félix Miranda se encontraba camino a su trabajo cuando los automóviles comenzaron a seguirlo y cuando le dieron alcance, el conductor de uno de los vehículos bajó y le disparó al periodista con un rifle de 12 milímetros.
El periodista Héctor Félix Miranda trabajaba como codirector del semanario “Zeta” en Tijuana, la capital del estado, y escribía una columna titulada “Un poco de algo”, en la cual mencionaba a políticos y figuras públicas, utilizando el sarcasmo y la crítica. Se cree que esto pudo haber sido el motivo del asesinato.
El caso fue investigado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California y se mantiene vigente gracias a que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antonio Vera Palestina, exjefe de escoltas del empresario y político Jorge Hank Rhon y responsable de la seguridad del hipódromo Agua Caliente en Tijuana., y Victoriano Medina, expolicía judicial del Estado de Baja California, fueron detenidos y sentenciados por el crimen de Félix Miranda. Recuperaron su libertad en 2015, tras compurgar su sentencia. Nunca se investigó a un autor intelectual.
Se presume que Vera Palestina recibió un pago equivalente a 10 mil dólares el día que el crimen fue cometido, pero el hecho no fue investigado por el Estado hasta tres años después del asesinato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el caso del periodista, el estado violó “en perjuicio de Héctor Félix Miranda y de todo ciudadano el derecho a la libertad de expresión” y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la familia del periodista.
La CIDH, apoyada por la SIP, hizo tres recomendaciones: realizar una investigación para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato.