Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, estudió sociología en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, y posteriormente la licenciatura en Periodismo. Desde Sonora se vinculó con las radios comunitarias colaborando para Radio Bemba y Libera Radio. Y se lanzó a Santa Rosalía, Baja California Sur, para fundar la primera radio comunitaria que, junto con un pequeño grupo, llamó Radio Kashana.
El director de la radio también era locutor desde que se instaló en 2012 y hasta 2019 era la única transmisora comunitaria en la región, que era muy escuchada por la población y cumplía con una labor social.
Artículo 19 reportó en 2017 las primeras amenazas en su contra. Aparentemente el origen era un grupo criminal que operaba en la zona y que quería que la radio no informara de sus integrantes, y que por el contrario atacara a la Secretaría de Marina. Se hizo la denuncia pública y el trámite para incorporarse al Mecanismo de Protección de periodistas, las medidas de seguridad que recibió fue el botón de pánico y las autoridades locales debían instalar algunas herramientas de seguridad en su casa, que de acuerdo a la organización no se concluyeron. Murúa Manríquez regresó meses después a Santa Rosalía y decidió continuar con su trabajo en la radio comunitaria.
Pero fue en 2018, donde las presiones se incrementaron y así lo escribió Rafael Murúa: “En 52 días de gobierno de Felipe Prado (alcalde) he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía”.
El portal de Radio Kashana denunciaba también anomalías e irregularidades de políticos y empresarios; sin embargo, cuando se acentuaron los ataques contra el periodista fue cuando hizo un comentario personal.
LAS AMENAZAS
En un artículo que escribió el 14 de noviembre de 2018 detalló: “Dista mucho de ser el propósito de este artículo acusar a una persona por estos incidentes. Mucho menos persigo que se haga justicia por estas líneas, de hecho, creo que nunca podrán reparar el daño al ver la tranquilidad de mi familia interrumpida por la intolerancia de quien sea que esté detrás de esto, pero preciso es que se aclare. Lo que quiero es reiterar el compromiso que tengo con mi comunidad y su bienestar… Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades, e invaluable conocimiento y experiencia; todavía me sigue sorprendiendo esta profesión”.
El locutor describe en ese artículo que se pronunció a título personal en su Facebook sobre un tema de política vinculado al alcalde de Mulegé, Felipe Prado, y eso fue suficiente para recibir presiones y ataques directos.
“El 29 de octubre de 2018, pasado a las 16:17 horas, publiqué: ‘La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio: ‘son convenios con otro Ayuntamiento, no con este’, contestó. El Presidente sigue en campaña, poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil’. Tampoco en esta ocasión profundizaré sobre este tema, ya que por su naturaleza es delicado y me preocupa la seguridad pública. Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal con puesto de coordinador”, escribió en un relato en el que da todos los detalles.
Menos de tres meses después, el 19 de enero de 2019, ocurrió su secuestro y menos de 24 horas más tarde, apareció muerto, el domingo 20 de enero, en la cuneta de una carretera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.
LAS INVESTIGACIONES
Desde el principio las investigaciones se dirigieron a un grupo criminal dedicado al narcomenudeo, no existe evidencia que se considerara como una línea de investigación sólida las amenazas recibidas desde el gobierno municipal de Mulegé.
Sin concluir aún las investigaciones, Carlos Amed Rochín Álvarez, líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) --del partido en el gobierno estatal--, sostuvo que el homicidio de Murúa Manríquez no está relacionado con su actividad profesional*.
La Procuraduría de Justicia detuvo en total a tres personas que identificó como integrantes de ese grupo de narcomenudistas y todos fueron sentenciados. El Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Centro de Justicia en Santa Rosalía “dio a Pedro, Martín y Héctor “N”, acusados del homicidio del periodista Rafael Murúa Manríquez. A un año de cometido el homicidio, Pedro “N”, Martín “N” y Héctor “N” fueron hallados culpables de haber primeramente privado de la libertad al también director de Radio Kashana a quien arrebataron la vida un 19 de enero en una brecha a la altura del kilómetro 39+950 del tramo carretero Santa Rosalía – Paralelo 28”, detalla una nota del diario digital Peninsular del 26 de enero de 2020.
Unos días más tarde, en la Audiencia de Individualización de Sanciones y reparación del daño fueron condenados, cada uno, a 43 años y nueve meses de prisión por el crimen.
