El periodista Rodolfo Rincón Taracena fue desaparecido el 20 de enero del 2007, su posible cuerpo fue encontrado el 1 de marzo del 2010 en Villahermosa Tabasco.
El día que desapareció le llamó su esposa Rosalinda Pedrero para avisarle que se quedaría tarde en la redacción, escribía una nota sobre una serie de robos de cajeros automáticos que fueron encontrados ya vueltos chatarra en una casa de seguridad.
Ante la desaparición del periodista, sus compañeros organizaron una marcha. Fueron alrededor de 70 colegas, miembros de la Unión de Corresponsales de Los Ríos, de la Chontalpa y de la fuente policíaca quienes exigieron justicia.
Héctor Tapia, director editorial de Tabasco Hoy, dijo a la SIP que el periódico había recibido amenazas del grupo Los Zetas meses previos a la desaparición de Rodolfo. Les advirtieron que si seguían publicando información sobre sus actividades “les pasaría lo mismo que en Quintana Roo”, los medios Por Esto! Y Que Quintana Roo habían sido atacados con granadas.
El diario Tabasco Hoy pidió a sus lectores información sobre su reportero. La asociación Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Nacional de Derechos Humanos instaron a las autoridades a investigar. Rodolfo Rincón Taracena era el primer periodista desaparecido durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con el Centro de Periodismo y Ética Pública.
El día que desapareció Rodolfo, había publicado en Tabasco Hoy un reportaje con las ubicaciones de los principales puntos de venta de drogas en Villahermosa, un mercado controlado de Los Zetas. La investigación calculaba que existían 500 tiraderos en la ciudad, también incluía cómo operaban los vendedores de drogas, sus jerarquías y presencia cada vez de mujeres en el negocio.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), miembros de Los Zetas detenidos en diversos operativos desde 2007 (José Akal Sosa, Miguel Ángel Payró, José Zacarías Hernández, Norberto Jiménez Martínez y José Luis Cerino Méndez) declararon que el periodista, fue secuestrado y asesinado por el sicario Roberto Hernández Cruz y/o Esteban Enrique Rodríguez, El Dorigan, por publicaciones sobre narcotienditas.
El Dorigan murió en un enfrentamiento con la policía en la carretera Villahermosa-Nacajuca.
DISTINTAS VERSIONES
El delincuente José Zacarías escuchó decir a otros integrantes del grupo que el asesinato de Rodolfo fue ordenado por Miguel Ángel Payro Morales, el Pelucas, después de que se publicó el reportaje sobre las narcotiendas, que el traficante tenía bajo su cargo.
Otro integrante de los Zetas, Norberto Jiménez Martínez, el Peje o el Puma, contó que el periodista había accedido a reunirse con el Pelucas, y cuando estaba abordo fue entregado a otros miembros para que lo mataran. Supuestamente habría sido asesinado con otras cuatro personas en la quinta El Bambú de un disparo en la cabeza. Los cadáveres fueron quemados y sus cenizas esparcidas en el lugar, de acuerdo con declaraciones de los detenidos.
Rincón Taracena estaba acostumbrado a recibir amenazas, según su pareja; pero una amenaza que recibió un mes antes de su desaparición pareció ponerlo nervioso. En ese momento, los grupos criminales rivales deseosos de controlar las rutas estratégicas de tráfico de drogas del estado habían comenzado a recurrir a decapitaciones y otras formas de violencia.
Los funcionarios de la PGJ dieron a conocer que de 2007 a la fecha, con la colaboración de las procuradurías de Chiapas y Michoacán, realizaron diversos estudios genéticos de ADN a los restos humanos encontrados en la quinta El Bambú el 23 de abril de ese mismo año, cuatro meses después del plagio de Rincón Taracena; sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados.
La dirección de Tabasco Hoy denunció ante Reporteros sin Fronteras que las autoridades federales desecharon el caso desde 2009 porque no pudieron confirmar las declaraciones que la procuraduría local usaría como “evidencia”.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) tampoco quedó conforme. “Las confesiones en México son poco confiables y se han registrado numerosas instancias en las cuales los sospechosos fueron coaccionados mediante torturas e intimidaciones”, declaró Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.
