XALAPA, VER.- El viernes 30 de marzo se cumplieron 4 años del asesinato de María Elena Ferral, periodista que fue atacada a disparos por sujetos desconocidos al salir de una Notaría Pública en Papantla, al norte de Veracruz.

De las once personas que resultaron implicadas como autores materiales e intelectuales del asesinato de la comunicadora, dos siguen prófugos de la justicia, y otro salió libre el mes de febrero, al ganar un amparo; ocho más siguen en prisión.

Todos ellos han tramitado amparos por diversos temas, como el proceso que siguió la Fiscalía General del Estado (FGE) para ejecutar la orden de aprehensión, el proceso que se siguió en la audiencia inicial y las sentencias que les dictaron, a cuatro de ellos, por homicidio doloso calificado.

María Elena Luna Ferral, hija de la periodista, afirmó que a cuatro años del asesinato de su mamá sigue esperando justicia, pues mientras la Fiscalía integró una carpeta de investigación señalando a once implicados.

Los jueces federales han exhibido deficiencias en la investigación del caso, lo que abre la puerta para salir de prisión a los presuntos autores materiales e intelectuales del caso.

Exigen justicia

“Me encuentro aquí para exigir justicia (…) lo único que estoy solicitando es justicia, quiero saber qué paso, por qué mataron a mi madre, que quienes hayan cometido el asesinato paguen. Esto es muy frustrante, la carpeta dice una cosa, las familias de ellos, otra. Yo no puedo decir quién lo hizo y quién no, lo único que sé es que me arrebataron a mi madre y mi hermano (de 10 años) se quedó huérfano”.

En conferencia de prensa, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, en Xalapa, le pidió a Cuitláhuac García Jiménez cumplir su promesa de hacer justicia a las familias de víctimas de trabajadores de los medios de comunicación que han sido asesinados.

Luna Ferral explicó que los abogados que le habían apoyado con el seguimiento del caso renunciaron, por la inviabilidad del caso y las pruebas que aportó la propia FGE, ahora, está siendo apoyada por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que cuenta con tres abogados que apoyan a la red de familiares de comunicadores muertos.

“Hay demasiados errores en la carpeta de investigación, según lo que dice el último amparo, por un error en el armado de la carpeta de la persona que  salió el 28 de febrero (Antonio N)”, explicó Luna Ferral.

Pide investigar otras línea

A la fecha ya nada se puede hacer por la integración de la carpeta, detalló, pues la FGE ya no puede reponer el proceso en su integración, ni reponer las deficiencias que  han señalado jueces federales.

“Ya no pueden corregir errores que hay de fondo, ya no hay forma de hacerlo. Queremos que investiguen otras líneas, hay muchas líneas, todas vienen de su labor periodística. Ella escribió una columna y de ahí se basaron para decir que fue el móvil de su asesinato, por lo que escribió en esa columna.

“Pero había más nombres en esa columna, más personas que debían haber investigado. No se tipificó como feminicidio, ni por su labor periodística, simplemente fue homicidio doloso calificado y eso fue con lo que juzgó a las 4 personas que ya tiene sentencia, pero que en cualquier momento podrían salir, porque tiene un amparo para la prisión preventiva”.

Luna Ferral planteó que la carpeta se integró con mucha premura, lo que podría derivar en los errores, pues su mamá fue asesinada de 30 de marzo y para el 25 de abril ya había 11 órdenes de aprehensión, “si hubieran armado bien la carpeta, no sabemos quién podría estar detenido”.

La también abogada comentó que hay dos personas prófugas de justicia, entre ellos Basilio N, exalcalde de Coyutla, Jaime N, que era trabajador del Ayuntamiento de Papantla, en la pasada administración.

Luna Ferral comenta que el apoyo que les da la Comisión de Víctimas es de 2 mil pesos al mes para apoyo alimentario, algunas personas tienen una beca de la SEV de 5 mil pesos que les dan anual; no recibe tratamiento psicológico.

“Mi mamá era jefa de familia (…) ahora tengo que mantener una casa, mi hermano, es complicado, es muy difícil”, dijo y confirmó que el 28 de febrero, cuando salió uno de los implicados de la muerte de su mamá, le dio un preinfarto.

A cuatro años del asesinato de su mamá, comentó que no tiene apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a pesar de que presentó una queja, “el problema fue que mis abogados me renunciaron; no sé en qué quedo la queja”.

La también comunicadora pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que a los candidatos a la gubernatura, reunirse con las familias de comunicadores asesinados, y que les planteen una solución a sus casos, pero sobre todo que se garantice la justicia.