Bogotá- Ante el incremento de estrategias legales diseñadas para desgastar, silenciar y censurar a la prensa y a los defensores de derechos humanos, fue radicado en Colombia el proyecto de ley conocido como "anti-cepo" (Casos de Enmudecimiento de la Prensa y la Opinión Pública).
La propuesta legislativa busca poner un alto al fenómeno del hostigamiento judicial —también conocido como demandas SLAPP por sus siglas en inglés—, una práctica en la que se abusa deliberadamente del sistema de justicia para amedrentar a quienes revelan información de interés público o denuncian irregularidades.
Herramientas contra el abuso procesal
Uno de los ejes centrales del proyecto es dotar a los administradores de justicia de mecanismos claros para actuar desde las etapas iniciales de los procesos. La iniciativa propone que los jueces cuenten con la capacidad jurídica de identificar con rapidez cuándo una demanda busca la censura y no la reparación de un daño real.
Para ello, el articulado contempla la implementación de sentencias anticipadas y sanciones económicas dirigidas a desincentivar el uso tramposo del aparato judicial. Según los promotores de la iniciativa, esto pretende establecer una barrera de equilibrio frente a quienes recurren a grandes y costosos bufetes de abogados con la única intención de doblegar financieramente y psicológicamente a periodistas independientes y líderes de opinión.
Protección a la libertad de expresión
El acoso judicial se ha convertido en una de las formas de agresión más sofisticadas contra la libertad de prensa, sustituyendo en muchos casos a la violencia física directa, pero con efectos igual de devastadores para los investigadores y los medios de comunicación. Los procesos interminables, los embargos y los costos de defensa generan un "efecto disuasivo" o autocensura en el gremio.
Con esta ley "anti-cepo", el Congreso colombiano enfrenta el reto de blindar el debate público y garantizar que el sistema de justicia no sea instrumentalizado como un mecanismo de censura indirecta que vulnere el derecho de la ciudadanía a estar informada.
