La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán, ocurrido en el estado de Durango, México, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que evite que el crimen quede en la impunidad.
Beltrán, de 60 años, fue visto por última vez el 23 de octubre por su hijo. Su cuerpo fue hallado dos días después en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango–Mazatlán.
En los días previos a su muerte, el periodista había denunciado en redes sociales el aumento de la violencia y la presencia de grupos delictivos en la región. En TikTok se identificaba como El Capo y en Facebook como La Gazzeta Dgo, donde publicaba contenido crítico y denuncias ciudadanas.
Beltrán contaba con una larga trayectoria en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, donde cubría principalmente la fuente deportiva y temas policiacos. También fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, expresó su solidaridad con la familia del periodista.
“En este momento de dolor y consternación, extendemos nuestra solidaridad a la familia, colegas y amistades de Miguel Ángel Beltrán. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad”, expuso.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística”.
Ramos instó a las autoridades de Durango y del gobierno de México a activar sin demora los mecanismos de investigación necesarios “para esclarecer qué sucedió y determinar si el móvil del homicidio estuvo relacionado con su trabajo periodístico”.
La SIP recordó que en México persisten altos niveles de riesgo para la prensa, particularmente para quienes cubren temas de crimen organizado y corrupción local.
La organización ha denunciado reiteradamente las amenazas, agresiones y procesos judiciales que enfrentan periodistas por realizar su labor informativa.
