La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el acoso judicial y administrativo contra tres medios de comunicación en Puebla, México, por parte de autoridades estatales. La organización se sumó a la condena de prácticas autoritarias contra los medios independientes.

Desde hace dos años, los medios E-Consulta, El Popular y Datamos vienen siendo objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios y embestidas digitales, persecuciones judiciales y administrativas provenientes de funcionarios públicos. Según Artículo 19, los tres medios son víctimas de acoso judicial, a través de demandas civiles por daño moral presentadas por funcionarios de la administración pública que reclaman indemnizaciones por cifras millonarias.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron "el hostigamiento contra los medios y recordaron que este tipo de acciones limitan el desempeño de las libertades de expresión y de prensa, sobre todo cuando tienen la intención de castigar a medios independientes y críticos".

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, de Argentina, recordaron que las personas que ocupan cargos públicos deben ser más tolerantes a las críticas y no deben utilizar sus puestos para tomar represalias contra quienes tienen la función de hacer que los asuntos públicos en una sociedad sean transparentes. Agregaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que los funcionarios públicos deben respetar que están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

Como parte de la campaña de intimidación, el 10 de noviembre la Secretaría de Planeación y Finanzas citó a los representantes de E-Consulta y El Popular a una auditoría para revisar asuntos financieros que se remontan a varios años. El incumplimiento de las disposiciones fiscales podría conllevar sanciones económicas y embargos que pueden poner en riesgo la viabilidad de los medios.

Más de 300 personas y organizaciones firmaron una declaración pública para condenar el acoso contra esos medios.