ProPublica respondió a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el reportaje del periodista Tim Golden publicado por la organización en días pasados, en los que señala la investigación de la DEA sobre presuntos nexos del cártel de los Beltrán Leyva en la campaña electoral de 2006 y alertó que los ataques de políticos a periodistas, como los del presidente mexicano puede ser un asunto “mortalmente serio” en países como México.
"La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet".
El artículo de Golden fue publicado el pasado 30 de enero y aborda las acusaciones de que narcotraficantes contribuyeron con 2 millones de pesos a la primera campaña presidencial de López Obrador, quien rechazó el reportaje como “completamente falso” y lo tachó de ser “una calumnia, además de llamar al reportero como “mercenario de la DEA”, "instrumento del Departamento del Estado" y “un peón,” entre otros calificativos.
Ante lanzado por el presidente López Obrador el pasado 7 de febrero, ProPublica descartó que Tim Golden acuda a la mañanera para contestar a preguntas sobre los orígenes del reportaje. "Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera. Hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador. Contactamos con el vocero del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas. Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos.
"ProPublica hablaría con López Obrador como con cualquier otro jefe de estado—no para un episodio del segmento de la mañanera que él titula “Quién es quién en las mentiras?".
Ante la postura crítica hacia reportaje sobre por qué indagar en una acusación de corrupción que se remonta al 2006, la organización responde que lo ven "como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México". Destacan que mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería de ser una responsabilidad mexicana, otros resaltan la colaboración oficial entre autoridades de ambos países como una fuerza global del crimen.
Propublica detalló que el caso comenzó cuando un abogado mexicano del narcotráfico, quien fungía como informante de la DEA les informó en 2010 que había participado en la reunión en la cual se negociaron donaciones cuya mayor parte fue entregada a un operador de la campaña de 2006 de López Obrador, Mauricio Soto Caballero, quien al haber sido detenidos por agentes de la DEA en McAllen, Texas, aceptó trabajar de forma encubierta para los americanos para evitar la prisión federal.
La DEA envió a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre a quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcotraficantes, Nicolás Mollinedo, expone la organización. Posteriormente, fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias pero no decisivas, según gente conocedora del caso.
"Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado dentro de México, pero los funcionarios de Justicia rechazaron ese plan a finales del 2011, en parte por temor a que incluso un proceso legal exitoso realizado en los Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política".
