En los últimos años, México ha sido señalado constantemente por ser un país peligroso para ejercer el periodismo. Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para Proteger Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) son algunas de las organizaciones que han evidenciado la situación de impunidad en la que se mantienen las investigaciones sobre ataques a periodistas en el país.

Ante la ausencia de justicia en México, la SIP ha presentado en las últimas décadas cinco casos de periodistas asesinados o desaparecidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando que a través de este organismo el Estado mexicano resuelva estos casos y asuma su responsabilidad ante la familia.

De estos cinco casos tres han sido plenamente aceptados, pero sólo en uno de ellos se ha avanzado recientemente, el de Alfredo Jiménez Mota, el resto se encuentran paralizados.

Estos son casos y estas sus historias:

1.      HÉCTOR FÉLIX MIRANDA, BAJA CALIFORNIA

El periodista, llamado por sus amigos “Gato Félix”, era fundador y codirector del semanario Zeta de Tijuana, y escribía la columna “Un poco de algo”. El 20 de abril de 1988, camino a su trabajo, dos vehículos le cortaron el paso y una persona le disparó en  múltiples ocasiones y murió instantáneamente.

Se desconoce el motivo del asesinato del periodista; sin embargo, expertos consideran que está directamente vinculado con la columna que escribía, en la que publicaba material sobre políticos y corrupción, entre otros temas.

La SIP presentó el caso ante la CIDH en marzo de 1997 y el organismo determinó que se violó el derecho a la libertad de expresión del periodista, así como los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de su familia. Por ello, en abril de 1999, la CIDH pidió llevar a cabo “una investigación seria, completa, imparcial y efectiva” para encontrar a los responsables del asesinato del periodista, y otra para determinar si hubo delitos que impidieron la investigación completa de los hechos. Además, pidió indemnizar a los familiares del Félix Miranda.

Como autores materiales del crimen, fueron detenidos y sentenciados Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, quienes recuperaron su libertad en 2015, tras considerar que cumplieron con su sentencia. Ambos pertenecían al equipo de seguridad del empresario y político Jorge Hank Rhon. Sin embargo, nunca se investigó la posible autoría intelectual del asesinato del periodista, siendo el principal sospechoso el empresario Hank Rhon. El Estado mexicano no ha cumplido con la resolución de la CIDH.

2.      FRANCISCO ORTIZ FRANCO, BAJA CALIFORNIA

El periodista trabajaba como editor del semanario Zeta, en donde escribía reportajes sobre temas como la inseguridad, corrupción y crimen organizado en el estado de Baja California.

El 22 de junio del 2004, Ortiz Franco fue asesinado. Se encontraba en su automóvil junto con sus hijos de nueve y 10 años, saliendo de una terapia de rehabilitación, cuando una persona encapuchada le disparó varias veces.

Se desconoce con seguridad el motivo del ataque a Ortiz Franco. Sin embargo, se considera que pudo ser un artículo que escribió, en el que expuso que 27 narcotraficantes del Cártel Arellano Félix contaban con identificaciones que los acreditaban como agentes de la entonces Procuraduría de Justicia del estado.  

Hay varios sospechosos, según una lista publicada por el semanario Zeta. Esta incluye los nombres de Jorge Hank Rhon y Arturo “El Nalgón” Villareal, miembro del Cártel Arellano Félix. También están los nombres de José “El Cholo” Briceño, un sicario del Cártel del Golfo que se encuentra desaparecido desde 2008, y de Heriberto Lazcano, quien fue asesinado en 2012.

En 2010, se dio a conocer que la SIP envió el caso a la CIDH, y éste fue retomado en el 2020. El caso fue aceptado y el Estado mexicano debe responder sobre la situación de impunidad en el que se mantiene el caso.

3.      ALFREDO JIMÉNEZ MOTA, SONORA

El periodista trabajaba como reportero en “El Imparcial”, en donde era especialista en temas de seguridad y narcotráfico. Desapareció el 2 de abril del 2005 y desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

Una compañera de Jiménez Mota explicó que, el día de la desaparición, el periodista le marcó por teléfono, preocupado. Lo último que le dijo fue que se dirigía a una reunión con una de sus fuentes.

Las autoridades interrogaron brevemente con Andrés Montoya García, quien fue director general de Sistema Estatal Penitenciario, y con Raúl Fernando Rojas Galván, el entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora. Ambos admitieron haber contactado a Jiménez Mota ese día, pero no investigaron más.

Se sabe que el periodista había sido amenazado. Además, la madre del reportero dijo que tres sujetos con la cabeza rapada lo estaban siguiendo una semana antes de su desaparición.

Se piensa que el crimen está relacionado con el trabajo de Jiménez Mota, ya que publicó investigaciones en las que revelaba nombres de narcotraficantes que operaban en la entidad y sobre posibles vínculos de funcionarios locales con estos grupos.

Ante la inacción de las autoridades, la SIP llevó su caso a la CIDH, y éste fue aceptado en diciembre del 2015. El Estado mexicano está obligado a cumplir con una primera  resolución de la CIDH.

4.      BENJAMÍN FLORES GONZÁLEZ, SONORA

El periodista era director del periódico “La Prensa” en San Luis Río Colorado, Sonora. El 15 de julio de 1997, cuando llegaba a las oficinas del medio un hombre descendió de su vehículo y le disparó varias veces, hasta que su arma se atascó. Incluso entonces, le disparó tres veces más.

El asesinato de Flores González ocurrió a la vista de sus compañeros, quienes lo esperaban para celebrar su cumpleaños y el quinto aniversario de “La Prensa”.

La SIP, considerando que el motivo del asesinato fue el trabajo del periodista, presentó el caso de Benjamín Flores ante la CIDH en julio del 2009. Sin embargo, la CIDH pidió fortalecer el caso, por lo presentó nuevamente su expediente 13 de octubre de 2010 y sigue pendiente su aceptación o no.

5.      VÍCTOR MANUEL OROPEZA, CHIHUAHUA

Además de ser un médico homeópata, Víctor Manuel Oropeza era columnista en el Diario de Juárez, en donde escribía su columna llamada “A mi manera”.

El 3 de julio de 1991 murió a manos de dos atacantes, quienes lo apuñalaron varias veces cuando se encontraba en su consultorio. En principio se aseguró que se trataba de un robo y las autoridades locales no investigaron la posible relación de su asesinato con las denuncias que escribía sobre corrupción de funcionarios locales con narcotraficantes.

Sin embargo, existen datos de que se trató de un ataque directo por su trabajo periodístico. Más tarde, un hombre llamado Jesús “Chuy” Molina ofreció una confesión voluntaria al Diario de Juárez acerca del asesinato, diciendo que fue uno de los partícipes y mencionando a sus cómplices. Aunque la declaración no fue publicada, las grabaciones fueron entregadas a la Procuraduría Estatal. Pero nadie fue detenido.

Ante esto, la SIP llevó el caso a la CIDH en marzo de 1997. El caso fue aceptado y una primera resolución del organismo no ha sido cumplida por el Estado mexicano.