La superposición entre actores estatales y crimen organizado amplifica el riesgo para los periodistas en México y vuelve más difícil atribuir responsabilidades, advierte el estudio Global Surveillance of Journalists: A Technical Mapping of Tools, Tactics, and Threats, elaborado para la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
De acuerdo con la investigación, reportes independientes documentan tanto la adquisición y uso de spyware por parte de fuerzas militares como actividades de vigilancia vinculadas a contextos de cobertura sobre cárteles.
El informe sostiene que esta convergencia produce un fuerte efecto inhibidor en las redacciones, en el que los medios describen un aumento en la cautela, la rotación de dispositivos y la reducción de comunicaciones electrónicas en coberturas sensibles.
Para, la FIP, México es uno de los casos más emblemáticos de vigilancia contra periodistas a escala global.
“México se ha convertido en un símbolo mundial de la vigilancia de los periodistas, y ha sido señalado en repetidas ocasiones en importantes investigaciones sobre el uso indebido del software Pegasus y el espionaje digital generalizado contra la prensa”, exponen los autores del informe.
Esta vigilancia no se limita a un software específico, sino que forma parte de un ecosistema amplio de monitoreo, perfilamiento, intimidación y acceso ilegal a comunicaciones, destaca el informe.
Según el estudio, en México la vigilancia ocurre con la siguiente secuencia:
- Inicia con el rastreo y perfilado de reporteros a partir de fuentes abiertas y redes sociales;
- Continúa con acceso a datos de telecomunicaciones mediante contactos o infiltrados en la infraestructura técnica;
- Escala hasta la intimidación física, la incautación de dispositivos y el uso de spyware comercial de alta sofisticación contra objetivos prioritarios.
Efecto inhibidor de la vigilancia sobre el ejercicio periodístico
El informe subraya que esta arquitectura de vigilancia genera consecuencias profundas en el trabajo periodístico, pues además de afectar a la seguridad de reporteros y fuentes, altera rutinas editoriales, restringe la comunicación y empuja a la autocensura, en particular en la cobertura de temas como seguridad, narcotráfico y corrupción.
Para la FIP, la vigilancia contra periodistas en México no obedece a casos aislados, sino de una infraestructura de tecnología comercial, debilidad institucional, opacidad estatal e impunidad.
Ante este escenario, el organismo considera que si no hay controles efectivos sobre la exportación y uso de spyware, capacidades forenses más robustas en la región y políticas de seguridad digital integradas en las redacciones, la capacidad del periodismo para investigar al poder seguirá deteriorándose.
La investigación recuerda que México fue uno de los primeros países donde se documentó de manera extensa el uso de Pegasus contra periodistas y sociedad civil.
En 2017, Citizen Lab identificó al menos 76 mensajes maliciosos enviados a reporteros, abogados e incluso a una persona menor de edad, a través de enlaces vinculados con infraestructura de NSO Group. Muchos de esos intentos coincidieron con investigaciones sobre corrupción gubernamental.
Uno de los casos más graves citados por la FIP es el de Ríodoce, en el que días después del asesinato de su cofundador, Javier Valdez Cárdenas, la redacción recibió intentos de infección con Pegasus mediante mensajes que aludían directamente al crimen.
Para el informe, este episodio constituye una evidencia especialmente alarmante de vigilancia dirigida contra periodistas que cubrían crimen organizado.
El estudio añade que investigaciones posteriores confirmaron nuevas infecciones con Pegasus entre 2019 y 2021, que fueron negadas oficialmente.
En ese periodo, la organización mexicana R3D, con apoyo técnico de Citizen Lab, identificó casos adicionales que afectaron a periodistas y a una persona defensora de derechos humanos.
La FIP recupera documentación periodística y de organizaciones civiles que vincula a las fuerzas armadas mexicanas con la adquisición y uso de Pegasus, que ha impulsado la rendición de cuentas por parte de Artículo 19 y otras organizaciones especializadas en derechos digitales y libertad de expresión.
A ello se suma el caso de la periodista Carmen Aristegui, en el que un tribunal de la Ciudad de México confirmó la existencia de vigilancia ilegal con spyware en ese caso, aunque uno de los acusados fue absuelto por falta de evidencia directa sobre su participación.
Para la FIP, esta resolución es un ejemplo claro, de que si bien la vigilancia puede acreditarse, la atribución y sanción de responsabilidades resulta compleja.
México también aparece de forma destacada en las revelaciones internacionales del Pegasus Project, coordinado por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, donde fue identificado como uno de los países con mayor número de posibles objetivos incluidos en bases de datos filtradas, entre ellos periodistas.
