La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a través de su Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) de dicho país una denuncia en representación de una periodista que en diciembre de 2022 fue detenida indebidamente, mientras daban cobertura a los avances de la construcción del centro penal en Tecoluca, San Vicente, en el país centroamericano.

La denuncia presentada ante FGR señala que los agentes estatales, que no se identificaron habrían cometido delitos relacionados con actos arbitrarios y privación de la libertad, además de "atentar" contra la libertad de expresión sancionado en el artículo 293 del Código Penal; privación de libertad por funcionario público y delito de actos arbitrarios, sancionado en el artículo 320 del Código Penal contra la comunicadora.

En diciembre del año pasado, la periodista de la cual se reserva su nombre por motivos de seguridad realizaba una cobertura junto con su equipo de trabajo los avances de la construcción del centro penal en Tecoluca, San Vicente. En medio de su labora periodística fue intervenida por un grupo de 30 agentes de la policía y Fuerza Armada, quienes valiéndose de su cargo les retuvieron por más de dos horas, obligándoles a borrar imágenes y videos de la cobertura que tenían en sus celulares y cámaras.

Tras haber sido retenida, la periodista insistió en retirarse del lugar; sin embargo, los policías le impidieron marcharse el lugar a pesar de que no esta cometiendo ningún ilícito. La liberación de la comunicadora se dio luego de que el caso se hizo público.

"En la APES acompañamos la denuncia de la periodista que valientemente tomó la decisión de presentar la denuncia ante la FGR y poner así aprueba el sistema legal que mantiene un silencio ante graves casos de vulneración a la prensa".

De acuerdo con la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, entre enero y septiembre de 2023 se han registrado 270 vulneraciones al ejercicio periodístico, un 400 % más que en 2018.

Cabe mencionar que en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele, la APES ha registrado al menos 11 casos de retenciones de periodistas que realizaban coberturas por parte de policías y soldados.