En un proceso señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, este 17 de diciembre fue imputado formalmente el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal e-consulta. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusa del delito de uso de recursos de procedencia ilícita, derivando en medidas cautelares que le obligan a firmar periódicamente cada mes y le prohíben abandonar el estado.

Tras la audiencia, Ruiz Rodríguez denunció en entrevista que la acusación proviene de Jorge Madariaga Granados, hermano de Florencio Madariaga, exfuncionario de origen vinculado a la administración del fallecido Luis Miguel Barbosa.

“¿Quién creen que me acusa por la supuesta comisión del delito de uso de recursos de procedencia ilícita? Me acusa la sociedad, junto con un abogado, Jorge Madariaga Granados, hermano de Florencio Madariaga Granados, quien llegó con Barbosa y los chiapanecos y se dedicó a extorsionar a empresarios poblanos. Ese es el abogado que presenta una acusación por lavado de dinero en mi contra”, reveló el comunicador.

La imputación de la Fiscalía se basa en supuestas inconsistencias entre los ingresos y egresos de e-consulta, además de cuestionar el pago de cuatro millones de pesos a su equipo jurídico en asuntos civiles.

Al respecto, el periodista calificó los señalamientos como infundados: "Presumen que hay una inconsistencia entre los ingresos y egresos del periódico y que yo no tengo justificado cómo le pagué a mis abogados cuatro millones de pesos. Mi abogado, Raúl Hernández Salgado, quien lleva los casos civiles, ya declaró cómo se hicieron esos pagos y fue por transferencia: emitió una factura de su despacho y se le pagó mediante una transferencia electrónica de la cuenta de mi empresa a la cuenta de su despacho. Entonces, ¿cuál recurso de procedencia ilícita o desvío de recursos? Raúl ya aclaró cuánto le pagamos".

Lo anterior derivó de los servicios del litigante en 28 juicios civiles que se agruparon en ocho carpetas, donde había tres demandados: Rodolfo Ruiz como autor de la columna La Corte de los Milagros; Salvador González Jaramillo, trabajador de Consultoría Contracorriente, y nuevamente Ruiz Rodríguez como representante legal de la empresa.



Denuncia de persecución y represalias

Rodolfo Ruiz sostiene que este proceso es una "absurda estrategia de intimidación" para asfixiar a un medio crítico. Según el periodista, la investigación —iniciada en 2020 y reactivada este mes— es una represalia directa tras haber documentado una red de corrupción dentro de la propia FGE.

“Yo diría que todo esto viene, en primer lugar, de la Fiscalía, porque publicamos la red de negocios de funcionarios del Estado de México que hacían grandes negocios en ese estado. Fueron corridos de allá y se incrustaron en la FGE de Puebla, precisamente en la Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia. Esos dos fiscales fueron corridos y la FGR ordenó que se realizara una investigación por parte de la FGE. Había una lista de 30 empresarios a los que extorsionaron y, casualmente, es esa misma Fiscalía la que hoy me investiga”, señaló.

Sobre la postura del Ejecutivo estatal, Ruiz tomó nota de las palabras del gobernador Alejandro Armenta Mier —quien dijo no tener nada en contra del periodista y lo calificó como “guerrero”—, afirmó que seguirá ejerciendo su labor crítica.

Irregularidades en el proceso judicial

El director de e-consulta también alertó sobre el comportamiento del juez de la causa, denunciando que se impidió el acceso al público y a la prensa bajo el pretexto de "proteger" su integridad.

Asimismo, informó que sus abogados originales renunciaron ante lo que percibieron como un "juez de consigna" que actuó con intimidación. La nueva defensa tuvo que iniciar el caso sin tiempo suficiente para analizar la carpeta de investigación.

“Mis anteriores abogados renunciaron porque se sintieron intimidados por la actitud del juez. En la audiencia pasada, a puerta cerrada, amenazó con arrestar a mi esposa cuando quiso entrar a la diligencia y solo les dio dos días para acceder a la carpeta de investigación. Se tardaron cinco años en integrarla y ahora no me pueden dar 15 días para que mi abogada la lea y me defienda con base en ese estudio”, acusó.

Pese a las objeciones de la defensa por la falta de tiempo para una representación adecuada, el juez dio inicio formal al proceso. No obstante, la defensa logró la ampliación del plazo, por lo que el juzgador fijó las 8:00 horas del próximo 23 de diciembre para la celebración de la segunda audiencia, en la que se determinará si el director de e-consulta queda o no vinculado a proceso y, en su caso, si se mantienen las medidas cautelares impuestas.