Si bien la fecha es crucial para visibilizar la crisis que viven más de 130 mil personas desaparecidas en México, también es necesario nombrar a quienes han sido víctimas del silencio del Estado por ejercer el periodismo.
La marcha realizada ayer, 30 de octubre, en el marco de esta conmemoración, volvió a poner en el centro no solo la exigencia de verdad y justicia para las familias, sino la urgencia de hablar de las desapariciones que buscan acallar la libertad de expresión.
De acuerdo con Artículo 19, desde 2003 hasta la fecha se han registrado 23 periodistas desaparecidos en el país, en promedio dos por año, sin que hasta ahora haya verdad ni justicia en los casos.
Cifras más recientes de la misma organización, retomadas por El Universal en agosto de 2023, elevan el registro a 32 desapariciones entre 2003 y 2023.
Como documentó El Informador al retomar el informe, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz concentran el 65% de los casos, y en el 96% existe como antecedente la cobertura de corrupción y seguridad donde estaban involucrados funcionarios y crimen organizado, detalló Artículo 19.
El fenómeno va más allá de la cifra. Como señala Reporteros Sin Fronteras (RSF), “la desaparición forzada no necesariamente es cometida por un Estado central, pero siempre ocurre como mínimo con su complicidad o su silencio complaciente”.
La misma organización ha registrado, según su balance, ocho desapariciones forzadas de periodistas en el país en los últimos 26 años y “solo dos de ellos han sido localizados”, cita RSF.
Para Artículo 19, el patrón es claro:
“El trabajo de los periodistas es vital para el ejercicio de la democracia. En consecuencia, las desapariciones de periodistas representan para la prensa una represalia a su labor, que concluye con la autocensura”.
Esta exigencia de memoria no puede separarse de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México.
La desaparición de periodistas no solo es una represalia directa a su labor, sino el reflejo extremo de la precariedad laboral en la que trabajan cientos de profesionistas emergentes: sin prestaciones de ley, sin protocolos de seguridad y sin garantías para ejercer. Visibilizar sus desapariciones es también exigir condiciones dignas para informar.
