Un centenar de periodistas, activistas e integrantes de colectivos sociales y ciudadanos, participaron en la “Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión” para exigir la derogación de la llamada “Ley Serrano”, una reforma al Código Penal de San Luis Potosí cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos por sus implicaciones para la libertad de expresión.
La Ley, que modifica disposiciones del Código Penal estatal y sanciona el uso indebido de la IA fue criticada por los manifestantes, quienes demandaron su eliminación.
Los participantes sostuvieron que las disposiciones impulsadas por el diputado local Héctor Serrano limitan el derecho de la ciudadanía y de los medios de comunicación a cuestionar a quienes ejercen funciones públicas.
Según información de Vanguardia, durante el recorrido, los participantes criticaron la falta de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, y acusaron a los legisladores de no generar espacios suficientes para escuchar las preocupaciones de la ciudadanía.
Durante la protesta también se hizo un llamado a sectores afectados por problemáticas relacionadas con seguridad, salud, agua, transporte y servicios públicos para sumarse a las exigencias ciudadanas y visibilizar sus demandas.
Violaciones a la libertad de expresión
La llamada “Ley Serrano” establece sanciones a la ‘utilización deliberada de elementos visuales, narrativos o gráficos de una persona con el fin de generar contenidos simulados que aparenten autenticidad sin autorización’.
La discusión pública sobre la norma se intensificó tras la detención de comunicadores el pasado 21 de mayo de 2026, cuando autoridades estatales ejecutaron órdenes de aprehensión por presuntos delitos vinculados con manipulación digital.
A la fecha un comunicador permanece en prisión, en tanto, se giraron 11 ordenes de aprensión más por 'generar y compartir' un vídeo en redes sociales en donde supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y a la Guardia Civil Estatal de servir a un cártel.
El caso generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han advertido sobre el posible uso de estas disposiciones para inhibir la crítica pública y el trabajo periodístico.
Actualmente hay dos rutas para modificar o eliminar las disposiciones cuestionadas. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que solicita invalidar los artículos incorporados por la ‘Ley Serrano’ al Código Penal de la entidad.
Por otro, periodistas y ciudadanos de San Luis Potosí presentaron el pasado 5 de junio una iniciativa ciudadana para derogar estos delitos.
En entrevista con la Alianza de Medios Mx, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, denunció que la propuesta permanece sin dictaminar en el Congreso local.
La organización consideró urgente que ambas vías avancen debido a las consecuencias que enfrentan los comunicadores que están sujetos a procesos penales.
Con información de Vanguardia.
