Donde el ejercicio informativo en las regiones del interior del país carece de las garantías mínimas de seguridad frente a los centros de poder urbano.
El libro de Glockner relata los detalles inéditos del atentado perpetrado contra Manuel Buendía, cuyo autor intelectual fue José Antonio Zorrilla Pérez, entonces director de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), ejecutado por órdenes directas y con la participación de agentes y mandos de la misma corporación. Expertos y ponentes en el evento señalaron que la falta de castigos reales y la persistencia de estructuras de poder opacas a lo largo de las décadas han dejado un legado de impunidad que fractura la protección institucional al gremio periodístico.
Los riesgos actuales fueron contrastados con datos recientes sobre la violencia letal ejercida contra comunicadores. De acuerdo con registros de la organización especializada Artículo 19, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se documentaron al menos 47 homicidios de periodistas con un vínculo probable o confirmado a su labor informativa. Otras mediciones, como las de la Universidad de California en Berkeley, elevan la cifra hasta los 78 casos al incorporar un espectro más amplio de colaboradores independientes y comunitarios en zonas de alto riesgo.
La tendencia letal no ha dado tregua en el arranque de la actual administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que organizaciones de defensa de la libertad de expresión ya contabilizan entre 13 y 15 comunicadores asesinados, siendo un ejemplo de ello el homicidio de Mauricio Cruz Solís en Uruapan, Michoacán.
El contraste entre la capital y las regiones
Especialistas en el análisis político y de seguridad coinciden en que la centralización de los reflectores, la presencia de organismos internacionales y la cercanía con los poderes federales en la Ciudad de México actúan, en cierta medida, como un elemento disuasivo o de mayor visibilidad ante las agresiones. En contraste, ejercer el periodismo de investigación o de denuncia en las distintas entidades federativas —lejos de las metrópolis— expone a los reporteros a cacicazgos locales, al crimen organizado y al abandono institucional, volviéndolos blancos infinitamente más accesibles para la censura violenta.
