La organización Artículo 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por el uso de recursos públicos como el espacio “Derecho de Réplica”, encabezado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para monitorear y calificar la conversación pública, al considerar que este tipo de ejercicios puede contribuir a la estigmatización de la prensa, generar violencia digital y provocar efectos inhibitorios o de autocensura.
Asimismo, cuestionó la falta de transparencia de la CJEF sobre la metodología y la evidencia técnica utilizadas para concluir que existía coordinación entre las cuentas incluidas en el análisis presentado el 12 de agosto sobre una supuesta “red de amplificación digital”, integrada, entre otros perfiles, por periodistas, comentaristas, analistas y opositores al gobierno.
En un comunicado, la organización puso en duda que el monitoreo de la conversación pública forme parte de las atribuciones de la Consejería Jurídica ya que el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concentra sus funciones principalmente en la asesoría técnico-jurídica de la Presidencia y en la revisión de instrumentos legales.
Advirtió que ampliar en la práctica las capacidades del Estado para monitorear y clasificar discursos sin transparencia sobre las metodologías utilizadas puede convertir estas herramientas en mecanismos de presión y generar efectos inhibitorios sobre la participación en el debate público.
A este respecto, reportó que, en las 48 horas posteriores a la presentación, aumentaron los mensajes intimidatorios contra periodistas y medios incluidos en las listas, mediante expresiones y etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios.
La organización destacó además el impacto diferenciado de la violencia digital contra las mujeres periodistas. En el caso de Carmen Aristegui, documentó insultos y publicaciones con imágenes alteradas que incorporan componentes sexistas.
Durante el espacio “Derecho de Réplica”, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján presentó una estructura de cuatro “capas” que, según el análisis gubernamental, integrarían una red “bien coordinada” para amplificar determinadas tendencias y mensajes.
La presentación incluyó listas de periodistas, medios, comentaristas, analistas políticos, opositores y presuntas cuentas anónimas, pero no explicó los criterios técnicos utilizados para determinar que existía una acción organizada entre ellos.
Artículo 19 expuso que el Estado no debe combatir la desinformación con mecanismos que desacrediten o estigmaticen expresiones críticas, sino mediante transparencia, acceso a información plural y fortalecimiento del debate público.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que los discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos pueden contribuir a crear un clima de hostilidad e intolerancia hacia periodistas y aumentar su vulnerabilidad.
Asuntos de interés publico, bajo protección reforzada
Artículo 19 subrayó que las expresiones sobre asuntos de interés público y aquellas dirigidas al Estado y sus instituciones cuentan con una protección reforzada conforme a los estándares interamericanos, por lo que los funcionarios públicos deben mantener un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica.
Recordó que en 2021 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al Estado mexicano reconsiderar la entonces sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, al advertir que los señalamientos provenientes de espacios revestidos de autoridad estatal podían generar un entorno permisivo para agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
