La Red Rompe el Miedo México (RRM) y ARTICLE 19 México y Centroamérica manifestaron su enérgico rechazo ante la ola de agresiones sufridas por manifestantes y periodistas durante las protestas registradas en octubre de 2026.
Las organizaciones documentaron abusos de autoridad en las marchas conmemorativas del 2 de octubre en la Ciudad de México y Cuernavaca; la protesta por los derechos de trabajadoras sexuales del 9 de octubre en la capital; y las recientes manifestaciones para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco, el 11 y 18 de octubre.
El derecho a la protesta es una herramienta vital en una sociedad democrática y una de las vías más accesibles para la exigencia de derechos, especialmente para los sectores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones, la respuesta estatal no ha sido el diálogo, sino la represión, el uso excesivo de la fuerza y la criminalización.
Violencia policial y estigmatización
Durante los distintos operativos, las organizaciones advirtieron el uso de tácticas intimidatorias, como encapsulamientos policiales, lanzamiento de gases irritantes y chorros de agua, así como golpizas a manifestantes y comunicadores. A esto se suma el alarmante registro de detenciones arbitrarias e incomunicaciones, que en el caso de Jalisco configuraron prácticas contrarias a los estándares internacionales.
Además del abuso de la fuerza pública, existe una creciente preocupación por el uso de discursos oficiales y redes sociales para estigmatizar la protesta. Etiquetar a los manifestantes como "infiltrados" o "pagados" deslegitima la exigencia ciudadana y busca inhibir la participación en el debate público.
El alto riesgo de documentar la represión
En contexto de crisis, los medios de comunicación y las personas periodistas cumplen una función esencial al documentar la actuación de las autoridades y dar visibilidad a las demandas ciudadanas. No obstante, durante las coberturas de octubre de 2026, numerosos periodistas fueron blanco directo de la violencia.
Reporteros y fotoperiodistas fueron agredidos físicamente, encapsulados, rociados con gases, despojados de sus equipos y amenazados para impedir que documentaran los hechos. Las organizaciones alertaron que estas agresiones vulneran tanto la libertad de expresión como el derecho fundamental de la sociedad a conocer lo que sucede en las calles.
Frente a este escenario, ARTICLE 19 y la RRM exigieron investigaciones independientes sobre el actuar policial, la devolución de equipos robados a los comunicadores, así como el fin de las tácticas de criminalización contra la protesta pacífica en México.




