Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica solicitaron a las Naciones Unidas intervención ante a la impunidad que rodea la desaparición de periodistas en México, en el marco de la 145ª sesión del Comité de Derechos Humanos.
La petición se centra en cuatro casos ocurridos entre 2006 y 2010 en el estado de Michoacán, actualmente bajo revisión del Comité: José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa. Sus familias llevan más de dos décadas sin respuestas claras sobre su paradero ni acceso a justicia.
“La situación en México es grave: la desaparición de periodistas se inscribe en un contexto de violencia estructural, gobernanza criminal y control sobre las fiscalías, lo que evidencia un patrón de violencia contra la prensa tolerado por el Estado y caracterizado por omisiones sistemáticas y la ausencia de justicia”, advirtió Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF.
En este sentido, subrayó la necesidad de una acción internacional sostenida que contribuya a romper el ciclo de impunidad.
Mauricio Estrada Zamora, reportero de La Opinión de Apatzingán, desapareció el 12 de febrero de 2008 tras salir de la redacción.
José Antonio García Apac, fundador del semanario Ecos de la Cuenca del Tepalcatepec, fue visto por última vez en noviembre de 2006, presuntamente detenido por fuerzas de seguridad.
María Esther Aguilar Cansimbe, periodista y madre de dos hijas, desapareció en 2009. En tanto, Ramón Ángeles Zalpa, reportero del diario Cambio de Michoacán, permanece desaparecido desde 2010. Las desapariciones de los cuatro reporteros actualmente son examinados por el Comité de Derechos Humanos.
Ante la falta de avances en estos casos, una delegación conjunta de RSF y Propuesta Cívica realizó una misión de incidencia en Ginebra para solicitar la activación de mecanismos internacionales que permitan elevar estos expedientes como prioridad dentro del sistema de derechos humanos de la ONU.
Actualmente, al menos 28 periodistas continúan desaparecidos en México, algunos desde 1995, en un contexto que las organizaciones describen como de violencia estructural, gobernanza criminal y debilidad institucional.
Por su parte, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, señaló que el país carece de una política nacional para investigar desapariciones de larga data.
“Es fundamental fortalecer las capacidades técnicas de las fiscalías y garantizar la eficacia de las investigaciones sobre desapariciones en México, en particular identificando las redes criminales y sus posibles vínculos con actores estatales”, afirmó Mendiola.
Durante su visita, la delegación sostuvo reuniones con actores clave del sistema internacional, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
