El gasto en publicidad oficial se concentró el año pasado en solo tres grupos y medios: Televisa, La Jornada y el grupo Medios Masivos Mexicanos, de acuerdo con el más reciente informe sobre el gasto oficial de Articulo 19.
El informe destaca que el ejercicio del presupuesto destinado a publicidad oficial en México en 2024, que abarca el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, revela un subejercicio federal, concentración del gasto en pocos medios y un descontrol notable en los estados.
A este respecto, solo en el sexenio de AMLO, Televisa recibió 1 mil 877 millones de pesos, La Jornada (Demos, desarrollo de medios) mil 596 millones, TV Azteca mil 340 millones, y el grupo Medios Masivos Mexicanos mil 282 millones de pesos, concentrando más del 33% del gasto total federal.
El más reciente informe de Artículo 19 México y Centroamérica indica que en 13 entidades, los gobiernos gastaron más del doble de lo aprobado y cinco entidades superaron el 1000% de su presupuesto autorizado.
En tanto, persisten prácticas como el subejercicio sistemático durante el año, seguido por un gasto desproporcionado en diciembre.
En este sentido, Artículo 19 subraya que la publicidad oficial sigue operando sin controles efectivos, afectando la pluralidad mediática y aumentando los riesgos de censura indirecta.
Gasto desbordado sin reglas claras en las entidades
En contraste con el nivel federal, a nivel estatal se observa una tendencia inversa de derroche sin regulación, en la que 13 gobiernos estatales gastaron más del doble de lo aprobado.
En particular, cinco estados: Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, superaron el 1000% de su presupuesto original para publicidad oficial.
Este fenómeno ocurre en un contexto donde las asignaciones dependen de criterios discrecionales y carecen de obligaciones reales de transparencia, expuso la organización.
Artículo 19 explicó que la asignación de publicidad oficial se ha convertido en un instrumento de control político sobre los medios, en la que el gasto público se usa para premiar coberturas afines o castigar la crítica, lo que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ante este escenario, Artículo 19 reiteró la necesidad urgente de revisar la Ley General de Comunicación Social con el fin de:
- • Establecer controles reales y efectivos sobre el gasto en los tres niveles de gobierno.
- • Definir criterios claros de asignación, basados en criterios técnicos, no políticos.
- • Reforzar las obligaciones de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.
- • Evitar que el gasto en publicidad oficial sea usado como herramienta de censura indirecta o manipulación de la agenda informativa.
