La cobertura de marchas feministas se ha vuelto cada vez más peligrosa, ya que la policía ha respondido con fuerza dominante, ha intimidado acorralado a las manifestantes, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, publicó el CPJ (Committee to Protect Journalists).

También la organización de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) registró un uso desproporcionado de la fuerza pública por elementos de seguridad pública de los tres niveles (gendarmerías o seguridad pública municipal, elementos de seguridad pública estatal, y cuerpos federales como la Guardia Nacional, Ejército y Marina), quienes no respetaron el derecho a la protesta ni a la libertad de expresión.

El aumento de la represión de las protestas, la violencia fue arremetida contra manifestantes, defensoras, activistas feministas y periodistas. Por lo menos 47 periodistas fueron atacadas durante las jornadas de protesta en el año 2020.

Se registró que durante las marchas hubo presencia de hombres con pasamontañas, agentes policiales que no estaban debidamente identificados, integrantes de cuerpos de perfil policial vestidos de civil o grupos de jóvenes que se trasladan al lugar de las protestas a través de vehículos de secretarias de seguridad pública.

LOS HECHOS

El CPJ entrevistó a Lizbeth Hernández, una periodista independiente con sede en la Ciudad de México, quien aseguró a la organización que las acciones de las manifestantes en las marchas como las pintas y daño a edificios y monumentos, data desde agosto del 2019, cuando se reveló que mujeres habían sufrido violencia sexual por parte de policías.

A partir de ese evento, se organizó un movimiento de protesta titulado “no me cuidan, me violan”. Las manifestantes arrojaron brillo al titular del Ministerio de Seguridad Pública del estado, mientras que otros manifestantes irrumpieron en las puertas de las oficinas de la fiscalía estatal. A partir de ese momento, fue notable la presencia de la policía durante las marchas de mujeres, lo que no había sucedido antes.

En julio, del 2020 se vio por primera vez cómo la policía acorraló manifestantes y policías por igual en la Ciudad de México. Esto en protesta a la decisión del congreso de Veracruz en bloquear la legalización del aborto.

El 11 de septiembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado replegaron a manifestantes y periodistas que se encontraban afuera de las instalaciones del Centro de Justicia del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La manifestación había sido pacífica; durante la noche, las manifestantes ocuparon el edifico. El personal de la CODEM había visitado el edificio ocupado y emitido un comunicado de prensa que la protesta había sido respetuosa.

Sin embargo, 12 comunicadoras, reporteras y fotoperiodistas fueron sujetas a actos de intimidación, agresiones físicas, amenazas, así como bloqueo de información, daño y despojo de material de trabajo, como celulares, y daño de bienes, pese a que las periodistas se identificaron en todo momento, lo que violentó sus derechos a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia, de acuerdo con Artículo 19.

Lizbeth Hernández, freelance de diversos sitos de América Latina y cofundadora del medio feminista Kaja Negra, fue una de las víctimas, narró su experiencia a CPJ, donde relató que todo el tiempo intentó de explicar a los policías que ella sólo estaba cumpliendo su función de informar.

La periodista Hernández señaló que la policía no distingue entre manifestantes y periodistas, “pero a menudo simplemente no les importa”, dijo para CPJ.

Ante lo sucedido en la CODEM, Frontline Freelance México (FFM), Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y ARTICLE 19 condenaron los hechos exigiendo cuatro acciones entre ellas:

-A la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abrir la queja correspondiente por las violaciones a derechos humanos ejercidas por las autoridades del Estado de México en perjuicio de colectivas feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición así como de periodistas.

-Al Estado Mexicano, el cese del hostigamiento, agresiones y represión en contra de periodistas y fotoperiodistas, antes, durante y después de realizar su labor periodística.

-Al Gobierno Mexicano el cese de acciones que criminalizan el derecho a la protesta del movimiento feminista y el ejercicio periodístico.

Con información de CPJ y Artículo 19