Las amenazas a la libertad de expresión son un problema muy real al que se enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo es el acoso judicial, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en países como México y Colombia.
Un informe llamado “Leyes del Silencio”, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Artículo 19 y Justice for Journalists, define el hostigamiento judicial como “el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público”.
Las organizaciones identificaron casos de acoso judicial en México y lograron identificar patrones de agresiones.
LOS PATRONES
En primer lugar, el informe explica que este tipo de agresiones son principalmente en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, debido a que estas personas son “piezas fundamentales” para “informar y denunciar violaciones a derechos humanos”.
Además, suelen ser los funcionarios públicos y los grandes empresarios quienes recurren a esta censura para que no se den a conocer actos ilegales que pudieran haber cometido, como corrupción o enriquecimiento ilícito.
El reporte también explica que este acoso tiene varias consecuencias para las personas que lo sufren, desde desgaste hasta daños a la economía, debido a juicios largos y a las indemnizaciones exageradas que pueden resultar de los mismos.
Las organizaciones aseguran que es el poder judicial quien tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de estas personas. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido directrices para “guiar el actuar” de los operadores de justicia, estas recomendaciones no siempre se siguen a nivel local.
También se menciona que los procesos contra periodistas y defensores de derechos humanos son “amedrentadores e injustificados”, y se presentan ejemplos de víctimas que fueron detenidas de forma arbitraria o que debieron pagar indemnizaciones desproporcionadas.
En otros casos estudiados, las víctimas sufrieron bloqueos a sus sitios web debido a los temas con los que trataban, bajo la excusa de que estaban violando derechos de autor, lo cual no era cierto.
Finalmente, se menciona que este tipo de acoso genera un mecanismo de censura e inhibe el ejercicio de la libertad de expresión: “lamentablemente persiste el hostigamiento judicial, sentencias y decisiones que van en contra de este derecho”.