La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública sobre el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que estará vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Alcalde indicó durante el anuncio presentado en la conferencia matutina del Gobierno federal que se busca ‘establecer las reglas para hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la legislación’.
Sin embargo, la presentación de las nuevas regulaciones reactivó el debate de cómo garantizar la protección de quienes reciben contenidos, sin afectar la libertad de expresión ni la autonomía editorial de los medios.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y especialistas en regulación de telecomunicaciones manifestaron inquietudes sobre el alcance jurídico de los lineamientos propuestos, los cuales serán obligatorios para las concesionarias de televisión abierta y radio, los concesionarios de televisión y audio de paga, así como para las empresas programadoras, independientemente de que operen bajo títulos de uso comercial, público o social.
De acuerdo con Alcalde, los lineamientos buscan definir con mayor precisión diversos conceptos previstos en la ley con el propósito de reducir interpretaciones discrecionales y establecer mecanismos para hacer exigibles los derechos de las audiencias.
Entre los derechos de las audiencias que reconoce el proyecto destacan:
- Recibir información veraz y oportuna, evitando la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos históricos presentados como actuales.
- Distinguir claramente entre información noticiosa y opinión mediante menciones, cortinillas, mensajes en pantalla o plecas.
- Diferenciar el contenido editorial de la publicidad mediante avisos visibles para las audiencias.
- Ejercer el derecho de réplica cuando una persona considere que se difundió información falsa o inexacta que afecte su imagen.
- Garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, particularmente mediante servicios dirigidos a personas con discapacidad auditiva y representaciones visuales incluyentes.
El proyecto también establece nuevas obligaciones para los concesionarios, entre las que destacan que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un Código de Ética, que deberá incluir el reconocimiento expreso de los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, los criterios editoriales utilizados para sustentar la veracidad de la información y los mecanismos para designar a la persona defensora de las audiencias.
Asimismo, todas las radiodifusoras y televisoras deberán designar al menos una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.
En el caso de las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la propia comunidad.
Los lineamientos prevén que las defensorías atiendan las quejas en un plazo máximo de 20 días.
Si determinan que existió una vulneración a los derechos de las audiencias, emitirán una recomendación al medio.
En caso de incumplimiento, el asunto podrá ser turnado a la CRT, que estaría facultada para imponer las sanciones previstas por la legislación.
Preocupan imprecisiones y riesgos a la libertad de expresión
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó preocupación por diversos aspectos del proyecto y anunció que presentará una postura unificada durante la consulta pública, tras consultar a sus más de mil 200 estaciones afiliadas.
De acuerdo con información de El Sol de Mexico, la cámara señaló en un comunicado que, si bien comparte el objetivo de proteger los derechos de las audiencias, considera necesario precisar definiciones, mecanismos de revisión y el régimen de sanciones para evitar afectaciones a la libertad editorial.
Entre sus principales observaciones destacan la definición de conceptos como “información falsa” o “información descontextualizada”, que, a su juicio, podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de que la autoridad revise decisiones de las defensorías de las audiencias mediante un recurso de inconformidad y el monto de las multas contempladas en el proyecto, que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de los concesionarios o programadores.
La CIRT subrayó que la regulación debe garantizar los derechos de las audiencias sin menoscabar la libertad de expresión, la labor periodística, los mecanismos de autorregulación ni la capacidad de las personas para decidir los contenidos que desean consumir.
Por su parte, especialistas en regulación de telecomunicaciones también manifestaron inquietudes sobre el alcance jurídico de los lineamientos.
Irene Levy, presidenta de Observatel, afirmó en la red social X que el documento publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contiene “cuestiones imprecisas y preocupantes” que, a su juicio, exceden las facultades que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) otorga al órgano regulador.
Entre sus principales observaciones, Levy sostuvo que el proyecto amplía atribuciones de la CRT sin un sustento legal expreso.
Asimismo, consideró que los lineamientos crean procedimientos, sujetos obligados y consecuencias sancionatorias que no están previstas en la legislación vigente.
??Proyecto de LINEAMIENTOS SOBRE DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS ("Proyecto")... aquí algunas observaciones sobre el documento publicado por la @CRTGobMX y mencionado por @LuisaAlcalde hoy en la mañanera.
Primero diré que yo soy pro derecho de las audiencias y siempre lo he sido,…
La especialista también cuestionó que el proyecto permita a la Comisión actuar como instancia revisora de las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias, así como la posibilidad de confirmar, modificar o revocar sus determinaciones. A su juicio, la Ley de Telecomunicaciones no concede expresamente esa facultad.
Levy ahondó que el proyecto transformaría las recomendaciones emitidas por las defensorías en resoluciones de cumplimiento obligatorio, cuyo incumplimiento podría derivar en procedimientos sancionadores, además de incorporar nuevos supuestos de sanción que, según su interpretación, no están tipificados en la ley.
El enlace para la Consulta Pública es: https://portal.crt.gob.mx/consultapublica
Con información de El Sol de México.
