El acoso judicial a periodistas se ha consolidado como uno de los métodos más agresivos para frenar la libertad de expresión y silenciar investigaciones incómodas. Funcionarios y actores de poder utilizan demandas civiles, a menudo bajo la figura de "daño moral", para exigir compensaciones millonarias que asfixian económicamente a los medios locales independientes.

En su reciente informe, la UNESCO expresa una profunda preocupación por la amplia gama de amenazas que enfrentan los periodistas, entre las cuales destaca específicamente el acoso legal mediante demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas internacionalmente como SLAPPs. El desgaste de tiempo y recursos que implica defenderse en los tribunales se convierte en el verdadero castigo, lo que fomenta directamente la autocensura en las redacciones.

Asfixia legal frente al escrutinio público

De acuerdo con la UNESCO, la estrategia detrás de estas demandas no es buscar justicia, sino agotar las capacidades financieras y operativas de los medios que no cuentan con grandes equipos de defensa legal. Al enfrentarse a procesos largos y sumamente costosos, muchos reporteros y directivos de medios optan por retirar las publicaciones o dejar de investigar sobre ciertos actores de poder.

El reporte del organismo internacional expone que la tendencia de utilizar litigios abusivos destinados a silenciar el periodismo es un problema global que requiere atención inmediata de las autoridades.

Llamado urgente para proteger a la prensa local

Frente a este escenario de intimidación, la UNESCO hace un llamado directo a los Estados Miembros para que implementen acciones contundentes. El Consejo Intergubernamental insta a los países a tomar medidas para proteger a los periodistas y trabajadores de los medios frente al acoso legal y las SLAPPs.

Para lograrlo, el organismo solicita la adopción de leyes y políticas que prevengan estos casos y proporcionen apoyo a las víctimas. Asimismo, el documento resalta que diversos países y regiones ya están adoptando marcos normativos orientados específicamente a prevenir este tipo de procedimientos legales abusivos, lo que establece estándares para frenar el hostigamiento sistemático contra quienes ejercen el periodismo.