La senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, habría presentado la denuncia que derivó en la detención de tres periodistas y en la emisión de órdenes de aprehensión contra otros ocho comunicadores y creadores de contenido en la entidad, de acuerdo con información de El Sol de México.
De acuerdo con Anahí Torres González, aunque la carpeta de investigación permanece bajo reserva, fuentes vinculadas al proceso judicial le habrían confirmado que la denunciante es la senadora Ruth González Silva.
De acuerdo con Torres, si bien la fiscal del estado, María Manuela García, indicó que la denunciante era de identidad reservada, personas presentes en las audiencias confirmaron que la denunciante es la senadora.
Torres González, quien obtuvo un amparo para evitar su detención, señaló que durante las audiencias judiciales personas presentes identificaron a la legisladora como la persona que promovió la denuncia.
La comunicadora también afirmó que ella ni el resto de los acusados conocen con claridad los delitos que se les atribuyen debido a las dificultades para acceder al expediente de investigación.
El caso se desarrolla en medio de una creciente controversia por las reformas aprobadas en noviembre de 2025 al Código Penal de San Luis Potosí, mediante las cuales se incorporaron sanciones relacionadas con el uso indebido de inteligencia artificial, la manipulación de imagen y la suplantación de identidad digital.
El 21 de mayo fueron detenidas las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, además del creador de contenido Christian Herrera, responsable de la página “Código Rojo”.
Asimismo, se emitieron órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, quien cuenta con medidas de protección del Mecanismo federal para periodistas tras haber sido víctima de un intento de secuestro en octubre de 2025.
Organizaciones alertan de riesgos a la libertad de expresión
Hace dos semanas, diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y de prensa enviaron una carta pública al Congreso estatal, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de San Luis Potosí para exigir el cese de las acciones penales contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido.
La misiva fue firmada por Alianza de Medios Mx, Artículo 19, Clínica Jurídica Minerva Calderón, Universidad Iberoamericana Puebla, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Justicia, Valencia y Asociados, Abogados Penalistas, Propuesta Cívica, Red en defensa de los derechos digitales, Reporteros Sin Fronteras, Fundar, Comunicación e información de la Mujer (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas.
Las organizaciones sostuvieron que las detenciones y órdenes de captura representan un riesgo grave para el ejercicio periodístico y para la vida democrática en la entidad.
Además, advirtieron que las autoridades estarían realizando un “uso expansivo y arbitrario del derecho penal” a partir de las reformas relacionadas con inteligencia artificial y manipulación digital mediante las cuales se sanciona la creación, modificación o difusión de contenidos que reproduzcan la imagen, voz o identidad de una persona mediante herramientas de inteligencia artificial sin autorización.
Aunque la reforma fue presentada como una medida para combatir abusos tecnológicos y proteger la identidad digital, especialistas y organizaciones han señalado que la redacción de la norma es ambigua y no establece criterios suficientemente claros para determinar cuándo un contenido constituye una infracción.
La disposición contempla penas de uno a tres años de prisión y sanciones económicas.
Con información de El Sol de México.
