Ciudad de México.- La audiencia definitiva en la que se dictaría sentencia contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín —acusado de ordenar la detención arbitraria, secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005— fue aplazada este lunes debido a problemas técnicos en la plataforma virtual del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con la organización Artículo 19 México y Centroamérica, la notificación del diferimiento fue confirmada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. El contratiempo se originó cuando la representación jurídica de la comunicadora intentó acceder a la diligencia telemática a través del sistema Webex y detectó que la cuenta se encontraba inhabilitada.
"Manifestamos nuestra inconformidad de que, tras 21 años de impunidad por la tortura de Lydia Cacho, fallas o errores logísticos sigan generando retrocesos", expresó la organización a través de un pronunciamiento en redes sociales.
Un proceso histórico bajo la lupa internacional
Previamente, Artículo 19 calificó este juicio como un momento crucial para el gremio periodístico y la comunidad internacional, enfatizando que el fallo judicial definirá si las redes de poder político y económico continúan operando bajo un manto de impunidad al agredir a la prensa.
La organización exigió al poder judicial emitir una resolución ejemplar y proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, tomando en cuenta los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Asimismo, advirtieron que las decisiones previas en el caso han dejado un historial de sentencias insuficientes y liberaciones polémicas:
•Kamel Nacif Borge fue liberado de cargos por tortura en 2021 gracias a un amparo otorgado por un tribunal en Cancún.
•Juan Sánchez Moreno, excomandante de la extinta Procuraduría de Puebla, fue exonerado en julio de 2025.
•Hugo Karam Beltrán obtuvo un cambio de medidas cautelares que le permitió salir de prisión en agosto de 2024, aunque su proceso penal sigue abierto.
•Alejandro Rocha Laureano obtuvo su liberación el pasado 14 de octubre, tras cumplir una sentencia de cinco años y seis meses.
El caso que marcó al periodismo mexicano
Los hechos se remontan a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla durante un trayecto de más de 20 horas, periodo en el que sufrió amenazas, incomunicación, agresiones físicas y psicológicas, así como violencia de género.
Dicha persecución judicial y tortura ocurrieron como represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el cual documentó una red de protección institucional y de empresarios vinculados a la explotación sexual infantil.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano violó los derechos fundamentales de la periodista.







