La Ley General de Transparencia establece que cualquier persona puede solicitar información pública sin revelar los motivos ni el uso que dará a los datos. Esta secrecía existe por una razón elemental: proteger al solicitante de represalias.
Cuando la Secretaría de Economía de Sinaloa filtró la identidad del periodista y el contenido de su investigación sobre los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIES), rompió el muro de protección institucional. Al entregar estos datos a terceros (en este caso, a empresarios cuestionados), la autoridad transformó una solicitud legítima en un señalamiento directo, convirtiendo al reportero en un blanco vulnerable.
El riesgo quedó evidenciado el pasado 8 de octubre de 2026, cuando accionistas de la revista recibieron llamadas directas de empresarios interrogándolos sobre por qué investigaban dichos beneficios fiscales y qué pretendían hacer con la información.
Estas llamadas demuestran un escenario alarmante:
Colusión o filtración dolosa: Funcionarios públicos operaron como un puente de información hacia los actores investigados.
Intimidación directa: Los empresarios tuvieron acceso a datos privados para presionar al medio, evidenciando una estrategia de amedrentamiento económico y político.
Pérdida de la reserva legal: El Estado, que debería garantizar un entorno seguro para la fiscalización del poder, actuó filtrando información sensible que pone en riesgo directo al personal del medio.
Para organizaciones como Artículo 19, este tipo de filtraciones comprometen gravemente tanto la dimensión individual como la social de la libertad de expresión.
A nivel individual: Amenaza la seguridad física, psicológica y laboral del periodista, inhibiendo su capacidad para realizar coberturas incómodas.
A nivel social: Deja a la ciudadanía sin información veraz sobre el uso de recursos públicos y subsidios fiscales, pues el miedo a la represalia orilla a los medios a la autocensura.
En un país con altos índices de violencia contra la prensa, exponer la identidad de un periodista que investiga a sectores con poder económico o político es una negligencia institucional que puede escalar rápidamente a agresiones mayores.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo latente para el equipo de Revista Espejo, ARTICLE 19 exigió a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEIAP) y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa:
Investigaciones exhaustivas e inmediatas para dar con los funcionarios responsables de la filtración.
La aplicación rigurosa de sanciones administrativas y medidas de apremio estipuladas en la ley.
Garantías efectivas de seguridad y no repetición que frenen la exposición de periodistas que fiscalizan el ejercicio del poder público.
