La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica manifestó su rechazo a la reciente aprobación de la llamada "Ley Antimemes" por parte de la Cámara de Diputados.

El decreto, que reforma la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal, fue remitido al Ejecutivo Federal sin cambios. De acuerdo con la organización, su redacción representa un grave retroceso para la libertad de expresión, ya que permite interpretaciones ambiguas que podrían sancionar expresiones legítimas.

Cárcel por uso de logotipos y riesgo de autocensura

La reforma contempla penas de prisión por el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental (logotipos o símbolos institucionales). Aunque la ley exige que existan elementos de escala comercial o engaño, ARTICLE 19 advierte que estos requisitos no eliminan la ambigüedad.

Esta falta de claridad deja sin garantías a periodistas, artistas, personas defensoras de derechos humanos o cualquier ciudadano que utilice estos símbolos con fines informativos, críticos o satíricos.

La organización subrayó que la amenaza de enfrentar una investigación penal o ir a prisión por modificar un logotipo propiciará la autocensura. Esto no solo afecta al investigado, sino que desalienta la crítica hacia las autoridades y empobrece el debate público en una sociedad democrática.

Violación a la presunción de inocencia

Otro punto crítico de la "Ley Antimemes" es la modificación al artículo 429 del Código Penal Federal, el cual establece que los delitos en esta materia “se considerarán cometidos en forma dolosa”.

Para ARTICLE 19, esto funciona como una presunción de intención delictiva. Al no obligar al Ministerio Público a acreditar el dolo, se invierte la carga de la prueba y se vulnera la presunción de inocencia, obligando a las personas a demostrar que no son culpables.

Además, la organización recordó que el artículo 22 de la Constitución exige que las penas sean proporcionales. Proteger la identidad gráfica del gobierno no justifica sanciones desproporcionadas como la cárcel, que ponen en riesgo derechos fundamentales.

Llamado al Ejecutivo para frenar la reforma

Aunque los legisladores justificaron los cambios como parte de los compromisos del T-MEC, ARTICLE 19 enfatizó que la armonización comercial no exime al Estado mexicano de respetar los derechos humanos y el debido proceso.

Por ello, la organización lanzó un llamado urgente al Ejecutivo Federal a través de un comunicado para formular observaciones al decreto y devolverlo al Congreso de la Unión.

El objetivo es exigir a los legisladores establecer salvaguardas efectivas que impidan que la protección de la propiedad industrial se convierta en un instrumento del gobierno para criminalizar a quienes informan, cuestionan o hacen sátira sobre el poder.