La iniciativa para crear un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas” quedó detenida en el Congreso local, luego de que autoridades estatales y legislativas la consideraran inviable y potencialmente contraria a los principios de libertad de expresión.

El secretario general del Congreso de Tamaulipas, Lorenzo Ochoa, confirmó que la propuesta permanece “congelada” y adelantó que no avanzará en comisiones debido a la falta de sustento jurídico y respaldo político suficiente.

El planteamiento promovido por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo contemplaba la creación de un organismo con facultades para vigilar la ética en el ejercicio periodístico, incluyendo la posibilidad de recibir denuncias contra comunicadores y emitir posicionamientos públicos como “recomendaciones éticas” y “extrañamientos”.

Este diseño generó preocupación dentro del gremio por el riesgo de establecer mecanismos de censura o regulación indirecta sobre los contenidos informativos.

En ese contexto, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, señaló que la administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya no respalda iniciativas que puedan limitar la labor periodística.

Subrayó que existe un compromiso con el respeto a la libertad de expresión y descartó intenciones de control o censura.

El funcionario también indicó que la propuesta evidenció debilidades en su construcción técnica y política, particularmente por la ausencia de un proceso de diálogo previo con periodistas, especialistas y actores legislativos.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 México y Centroamérica, habían expresado en días recientes su preocupación por la iniciativa.

Advirtieron que, en su redacción original, podía otorgar al Estado un rol de control sobre lo que se considera “práctica ética periodística”, con el riesgo de derivar en mecanismos de hostigamiento legal contra la prensa.

Por su parte, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo defendió su propuesta al señalar que su objetivo principal era abrir el debate sobre la ética en el periodismo e involucrar a distintos sectores, incluidos los propios comunicadores. 
Negó que el proyecto tuviera fines sancionatorios o de presión hacia medios y periodistas.