El cerco legal a la libertad de expresión se multiplica en el país, con demandas por “daño moral” o “violencia política de género”, reformas penales estatales y órdenes judiciales, alertan organizaciones y periodistas consultados por La Silla Rota, medio integrante de la Alianza de Medios MX.

El reportaje destaca el reciente caso del cierre de Tribuna de Campeche, que el 20 de junio dejó de circular después de que la gobernadora Layda Sansores denunciara a su exdirector, Jorge Luis González Valdez, por “incitación al odio, difamación y calumnias”. Como consecuencia, un juez le prohibió ejercer periodismo durante dos años. 

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Acoso legal e iniciativas estatales

Organizaciones como Artículo 19 señalan un crecimiento sostenido de demandas civiles y procedimientos administrativos contra periodistas. En tanto, el CPJ calcula un alza anual de 25-30% en querellas por “daño moral” o “calumnia”.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a La Silla Rota.

Además del creciente acoso legal, el reportaje de La Silla Rota enmarca las recientes iniciativas de Ley en algunos estados como la Ley contra el ciberasedio, aprobada en Puebla, que podría usar el tipo penal de “ofensa persistente” para perseguir críticas en redes.

En Michoacán, la iniciativa sobre “apología de la violencia” que pretendía castigar la difusión de notas sobre hechos delictivos; y en Sinaloa, los proyectos para sancionar “violencia digital y política” que fueron frenados tras reclamos de prensa y sociedad civil.

“Las recientes leyes como la del ciberasedio en Puebla o la iniciativa sobre apología de la violencia en Michoacán ponen en riesgo el derecho a informar”, dijo a La Silla Rota, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México.

Agregó que existe una contradicción entre el discurso federal y la actuación en los congresos estatales, pues “mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llama a respetar la libertad de expresión, las mayorías de su partido en los estados avanzan en iniciativas que buscan restringirla”.

El reportaje también detalla litigios recientes como el de la candidata a magistrada Tania Contreras, que denunció por calumnia al diario El Universal y al columnista Héctor de Mauleón; el procedimiento que abrió el INE contra el activista Miguel Alfonso Meza por publicar acusaciones de acoso sexual contra un exfuncionario federal, entre otros casos relevantes.