El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la fracción III del artículo 293 Bis del Código Penal de Sinaloa, que tipificaba como delito la obtención de información sobre operativos de seguridad “utilizando cualquier medio tecnológico”.
La Corte determinó que la redacción ambigua vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el ejercicio periodístico.
El ministro ponente Giovanni Figueroa Mejía subrayó que la norma no definía con claridad cuál era la finalidad ilícita ni el riesgo específico que se pretendía evitar, generando así “una clara disociación entre el fin legítimo perseguido y las conductas penalmente sancionadas”.
La resolución se da en el marco de la acción de inconstitucionalidad 61/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La disposición genera un efecto inhibidor particularmente grave para el gremio periodístico, al criminalizar la búsqueda de información vinculada con seguridad pública y procuración de justicia”, argumentó el ministro Figueroa.
Riesgo de persecución a periodistas y ciudadanos
La Corte advirtió que el tipo penal invalidado podría ser usado para perseguir a periodistas y ciudadanía que documentan la actuación de fuerzas de seguridad, lo cual es incompatible con una sociedad democrática.
Asimismo, se consideró que el tipo penal violaba el principio de taxatividad, al no delimitar con precisión las conductas sancionadas, abriendo la puerta a aplicaciones arbitrarias.
Organizaciones como Artículo 19 celebraron el fallo, reiterando que la criminalización del llamado “halconeo” pone en riesgo el derecho a informar e investigar asuntos de interés público.
Tras la resolución, legisladores locales de Sinaloa aclararon que solo se invalida la fracción cuestionada, mientras el resto del artículo 293 Bis se mantiene vigente.
A este respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, minimizó el impacto práctico del fallo y sostuvo que la Fiscalía estatal ha reportado un aumento en detenciones vinculadas al delito tras la reforma penal aprobada en abril de 2025.
Con información de El Sol de Sinaloa.
