La reforma al Código Penal de San Luis Potosí aprobada en noviembre de 2025 para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para inhibir voces críticas y, a seis meses de su entrada en vigor, ya está siendo utilizada para castigar a periodistas, comunicadores y actores políticos críticos, advirtió la organización Artículo 19 México y Centroamérica.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México y Centroamérica sostuvo en entrevista con Alianza de Medios Mx, que los riesgos que advirtió durante la discusión legislativa se han materializado en detenciones, encarcelamientos, investigaciones y órdenes de aprehensión contra diversos comunicadores en la entidad.
Agregó que la reforma fue aprobada sin suficiente discusión técnica y con conceptos ambiguos que abren la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.
“Se reguló muy mal, se legisló muy mal y además con conceptos muy abiertos como ‘causar alarma social’ o ‘inestabilidad’, que quedan al arbitrio de quien va a aplicar la ley, que en este caso es la Fiscalía en principio y después un juez de control”, señaló Maldonado.
Además, destacó que un elemento común en los casos documentados por la organización es que las denuncias han sido promovidas por altas autoridades del estado, en medio del proceso de sucesión política que se perfila en San Luis Potosí.
Maldonado explicó que la reforma incorporó tres nuevos delitos al Código Penal estatal. Uno de ellos se refiere a la manipulación de identidad mediante inteligencia artificial y los otros dos fueron incluidos dentro del apartado de delitos contra la seguridad del Estado.
Estos últimos sancionan la manipulación de audios, videos o imágenes para afectar a instituciones públicas y la difusión dolosa de contenidos generados o alterados mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con Artículo 19, el origen político de la reforma se encuentra en la difusión de un video atribuido a grupos criminales que señalaba al gobernador Ricardo Gallardo, material que detonó la discusión legislativa y derivó en la aprobación acelerada de las modificaciones.
“La ley se legisló sobre las rodillas”, afirmó Maldonado.
Procesos contra periodistas encienden alarmas sobre libertad de expresión
Artículo 19 ha documentado diversos procesos iniciados bajo la reforma conocida como “Ley Serrano” que involucran a numerosos periodistas y comunicadores de la entidad.
El día de ayer, emitió un comunicado reiterando su preocupación por el uso del Código Penal de San Luis Potosí para iniciar procesos penales contra periodistas, comunicadores, activistas y actores políticos críticos, al considerar que estas acciones constituyen mecanismos de hostigamiento que afectan la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la entidad.
La organización recordó que desde mayo diversas agrupaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión alertaron sobre el deterioro del entorno para la prensa en San Luis Potosí, tras múltiples detenciones e investigaciones judiciales emprendidas contra personas vinculadas con medios de comunicación y plataformas informativas.
Entre ellos se encuentran las periodistas Eréndira Reyes y la funcionaria Alejandra Hermosillo, denunciadas por la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador actual y aspirante a la gubernatura en las elecciones de 2027; el comunicador Christian Herrera, administrador de la página Código Rojo San Luis Potosí, denunciado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Civil.
En tanto, los periodistas Juan Pablo Moreno y Juan Pablo Moreno Guzmán, del medio La Noticia San Luis, son investigados tras una denuncia presentada por el diputado Héctor Serrano.
La organización también ha denunciado la existencia de 10 órdenes de aprehensión relacionadas con una carpeta de investigación por la presunta manipulación de contenidos vinculados al gobernador Gallardo.
Maldonado subrayó que el patrón común en estos casos es que las denuncias provienen de altas autoridades del estado.
Otro aspecto que enciende las alarmas, son las irregularidades procesales que Artículo 19 ha documentado plenamente, que incluye órdenes de aprehensión y omisión de citatorios, falta de acceso a expedientes y restricciones al derecho de defensa.
En los casos de Eréndira Reyes, Alejandra Hermosillo y Christian Herrera, la Fiscalía habría solicitado órdenes de aprehensión en lugar de utilizar citatorios para que las personas comparecieran voluntariamente ante la autoridad.
“Fue una medida sumamente intrusiva y violenta para delitos de esta naturaleza”, sostuvo Maldonado.
Artículo 19 también señaló que Christian Herrera, quien permanece en prisión, permaneció incomunicado durante parte de su detención y que las familias tuvieron dificultades para conocer con claridad los motivos de las acusaciones.
En el caso de Juan Pablo Moreno y Juan Pablo Moreno Guzmán, ambos acudieron a la Fiscalía tras recibir un citatorio como personas investigadas; sin embargo, al presentarse les informaron que la diligencia había quedado sin efecto y se les negó acceso a la carpeta de investigación.
Para Maldonado, estos hechos muestran no sólo problemas en los tipos penales aprobados, sino también un uso arbitrario del aparato de procuración de justicia.
“No es solamente cómo están siendo mal utilizados los delitos, sino cómo el propio aparato de justicia está socavando el debido proceso”, advirtió.
Suprema Corte e iniciativa ciudadana, las dos vías para revertir la reforma
Actualmente hay dos rutas para modificar o eliminar las disposiciones cuestionadas.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que solicita invalidar los artículos incorporados al Código Penal.
Por otro, periodistas y ciudadanos de San Luis Potosí presentaron el pasado 5 de junio una iniciativa ciudadana para derogar estos delitos. Sin embargo, Artículo 19 denunció que la propuesta permanece sin dictaminar en el Congreso local.
Maldonado consideró urgente que ambas vías avancen debido a las consecuencias que enfrentan los comunicadores que están sujetos a procesos penales.
Además del caso de San Luis Potosí, Artículo 19 advirtió que el uso de acciones legales contra periodistas muestra una tendencia al alza en el país.
Según la organización, 2025 fue el año con más casos documentados de judicialización contra la prensa, una tendencia que vuelve especialmente delicada cualquier regulación relacionada con inteligencia artificial, redes sociales o contenidos digitales.
“No estamos en contra de que se regule la inteligencia artificial. Es una discusión abierta en muchos países. Lo que planteamos es que debe hacerse con responsabilidad, con elementos técnicos y mediante procesos incluyentes”, señaló Maldonado.
Para Artículo 19, la experiencia de San Luis Potosí es una muestra clara de los riesgos de legislar sobre tecnologías emergentes sin salvaguardas adecuadas para la libertad de expresión.
Así, la “Ley Serrano”, más que atender los desafíos del uso de inteligencia artificial, terminó convirtiéndose en un instrumento para censurar, puntualizó Maldonado.
No hay información, hay privaciones de la libertad arbitrarias y tampoco los dejan ejercer su derecho de defensa a plenitud; hay amedrentamiento en contra de estas personas. Esto complica más el proceso y da cuenta de que es una utilización facciosa del aparato de Estado para castigar voces disidentes.
