México se mantuvo en 2025 como uno de los entornos más hostiles para ejercer el periodismo en América Latina, no solo por la persistencia de la violencia letal, sino por el avance de otras formas de acoso como el digital, las restricciones al acceso a la información y el uso del aparato judicial para intimidar a periodistas y medios.
El Informe Sombra 2025, Cartografía del silencio, de la Red Voces del Sur, documenta 400 alertas en México, la segunda cifra más alta de la región, solo por detrás de Colombia.
“México encabeza la región en agresiones y se ratifica como el país más violento y letal para el periodismo en 2025”, subraya el reporte.
Si bien las alertas totales registraron un descenso respecto a 2024, del 38.6%, esta cifra responde a adecuaciones metodológicas de Artículo 19, la organización documentadora, y no a una mejora estructural en las garantías para el ejercicio periodístico, explica el informe.
A pesar de esta aparente disminución, la letalidad contra la prensa mexicana recrudeció en 2025 con 7 asesinatos, cifra superior a la del año anterior, de 5 casos.
Pero además de esta violencia letal, el informe expone otro tipo de agresiones que van al alza como el acoso judicial.
Voces del Sur advierte que el uso del sistema legal como forma de presión y desgaste contra periodistas se consolidó en México, en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial, pues la elección popular de jueces genera condiciones que podrían facilitar una mayor instrumentalización del aparato judicial para restringir coberturas sobre asuntos de interés público.
El Informe Sombra de 2025, destaca que de las 190 alertas de hostigamiento judicial en la región de LATAM, en México se reporta un avance crítico, de 200% respecto a 2024, al pasar de 15 procesos civiles o penales, a 48 casos en 2025.
Estas acciones legales representaron 12% de las alertas este año, desde el 2.5% de 2024.
Como caso paradigmático, el reporte menciona la detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, bajo cargos de terrorismo y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con Artículo 19, el proceso penal estaría vinculado con su cobertura periodística en el sur de Veracruz, una región marcada por la macrocriminalidad.
El caso ilustra, según el informe, cómo el derecho penal comienza a operar no solo como herramienta punitiva, sino como mecanismo de silenciamiento.
Asimismo, México, junto a Colombia y Argentina, lidera la agresión por restricciones de acceso a la información. En la región de LATAM hay un total de 279 alertas relacionadas con obstáculos burocráticos para acceder a información de interés público y la exclusión de periodistas y medios de espacios oficiales.
En 2025, las restricciones en esta materia representaron 12% del total de alertas registradas en México, con 48 casos atribuidos en su totalidad a actores estatales.
Voces del Sur expuso que estos obstáculos también incluyen exclusión de periodistas de espacios oficiales y una tendencia más amplia de cierre institucional frente a la vigilancia pública.
El reporte señala que este retroceso se agrava, por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones fueron absorbidas por el Poder Ejecutivo, ‘lo que plantea preocupaciones respecto de la independencia de los mecanismos de transparencia’.
Repuntan agresiones verbales y en línea
De acuerdo con el Informe la violencia contra la prensa en México se desplaza hacia mecanismos de presión más diversificados ya que mientras que en 2024 predominaban las agresiones físicas y ataques directos, en 2025 tomaron mayor peso las agresiones verbales, escritas y digitales, que concentraron 28.5% de las alertas, seguidas por los discursos estigmatizantes, con 14.5%.
Voces del Sur, explica que este cambio revela que la presión contra la prensa se distribuye entre múltiples formas de hostigamiento.
Una de estas nuevas modalidades de ataques es el crecimiento del acoso digital que ocurre en entornos virtuales mediante campañas de desprestigio, amenazas, ataques coordinados y otras formas de violencia en línea.
Esta tendencia que se expresa con especial crudeza contra mujeres periodistas en el país.
Artículo 19 registró 36 alertas transversales de violencia basada en género que afectaron a 40 víctimas durante 2025, y 80.6% de esos casos ocurrieron en el entorno digital.
La violencia digital consta de campañas coordinadas en redes sociales con comentarios misóginos, agresiones verbales y amenazas de violencia sexual que buscan desacreditar, disciplinar y expulsar del debate público a periodistas, particularmente a las mujeres.
En ese contexto, los discursos estigmatizantes representaron 44.4% de las alertas por violencia basada en género en México, mientras que 36.1% correspondió a agresiones verbales y digitales.
El informe ejemplifica el caso de la periodista Rubí Soriano, a quien durante los comicios de 2025, el Instituto Electoral de Puebla la denunció por presunta violencia política por razones de género tras la publicación de una nota crítica sobre una candidata, que tuvo eco en comentarios de terceros en redes sociales y no en la autoría de la periodista.
Para Artículo 19, este tipo de casos muestra cómo una legislación creada para proteger derechos puede ser usada de forma expansiva para intentar censurar contenidos periodísticos.
Ante a este panorama, la red plantea la necesidad de reformas estructurales y entre sus recomendaciones para México, destacó:
- Fortalecer de manera real los mecanismos de protección,
- Impedir el uso del sistema judicial como herramienta de censura,
- Restablecer garantías institucionales para el acceso a la información pública,
- Desarrollar respuestas específicas frente a la violencia digital y la violencia diferenciada contra mujeres periodistas.
