La crisis política y de seguridad en Ecuador provocada por las bandas del crimen organizado han sembrado terror entre la población y la opinión pública del país sudamericano y en todo el mundo. Las imágenes del comando al ingresar y tomar el canal TC Televisión y tomar como rehenes a conductores, periodistas y staff, quienes suplicaban salvar sus vidas, mostraron la crudeza que vive la sociedad ecuatoriana presa de la violencia.
A mediados de marzo de 2023, se enviaron cartas bomba con unidades USB y mensajes amenazantes desde la localidad central de Quinsaloma a las estaciones de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y TC Televisión, la emisora de radio EXA FM, y a un presentador independiente, todos radicados en Quito y Guayaquil. Un periodista resultó levemente herido luego de que uno de los dispositivos detonó.
Según el diario digital Primicias, la violencia criminal en Ecuador provocó la muerte de unas 4,603 personas en 2022, un aumento del 82.5% en comparación con el año anterior. El país es un “un foco creciente de crimen organizado”, según señaló InSight Crime que advierte que el panorama criminal transnacional en Ecuador está dominado por grupos insurgentes y criminales colombianos, además de los carteles mexicanos.
Varias pandillas locales, como los Choneros y el grupo afiliado los Chone Killers, así como los Lobos, los Tiguerones y los Lagartos, se han aprovechado del aumento de la delincuencia y la violencia para expandir su control sobre actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. En medio de una creciente demanda mundial de drogas, las pandillas han fortalecido sus tratos con importantes redes criminales internacionales al actuar como distribuidores de cocaína proveniente de países vecinos a través de los puertos de Ecuador hacia Europa y Estados Unidos, según InSight Crime.
Amenazas a la prensa
En un artículo publicado por Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) fechado originalmente en julio de 2023, ya advertía de que la agitación política y la crisis de seguridad cada vez más profunda ponían en riesgo a los periodistas y a la libertad de prensa. El entonces presidente Guillermo Lasso, quien disolvió en mayo la Asamblea Nacional mientras avanzaba el juicio político en su contra, fue ineficaz para frenar el aumento de los crímenes violentos y los periodistas observan con inquietud cómo el partido del político más hostil contra la prensa en la memoria reciente, el expresidente Rafael Correa, busca aumentar su poder en las elecciones de agosto próximo. Sin embargo, su candidata no ganó.
Hay que recordar que en Ecuador ha habido periodistas que han tenido que huir del país por amenazas de muerte recibidas, han habido explosivos enviados por correo a varios medios de comunicación y un sinfín de amenazas a periodistas para convertir en “zonas de silencio” amplias zonas del país.
En su artículo, Carlos Lauría advirtió que periodistas y activistas ecuatorianos temen que se esté gestando una “tormenta perfecta” que ponga en peligro la libertad de prensa en esta nación sudamericana.
En un informe reciente, el grupo ecuatoriano de libertad de prensa Fundamedios documentó 356 ataques a la prensa en 2022, la cifra más alta desde 2018, en un entorno cada vez más hostil. En los primeros cuatro meses de 2023, la organización informó sobre un total de 96 ataques.
“El legado del expresidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017, ha causado un daño duradero al periodismo en Ecuador. Los efectos persistentes de las acciones contra la prensa de Correa, que incluyeron presentar demandas por difamación, promulgar medidas restrictivas y denigrar a los críticos, han debilitado la capacidad de los medios de comunicación para informar, según indicaron periodistas locales al CPJ durante una visita reciente a Quito”, advirtió el director ejecutivo de la SIP.
“Somos estigmatizados y no podemos identificarnos como periodistas porque nos agreden”, dijo Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. “La prensa aún es blanco de ataques. La confrontación se ha naturalizado y somos los enemigos”, afirmó Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).
Entre los factores que han contribuido a empeorar el problema destacan: la falta de comprensión sobre la magnitud de la situación; la inacción de las autoridades; la colusión entre criminales y funcionarios; la ubicación geográfica de Ecuador, situado ubicado entre dos países productores de cocaína (Perú y Colombia); y el aumento de la demanda de drogas después de la pandemia, destacó Arturo Torres, fundador y editor del sitio web de investigación Código Vidrio, en entrevista telefónica con el CPJ.
Ante esta situación, los periodistas ecuatorianos han tenido que tomar medidas de seguridad para informar sobre temas del crimen organizado. Por ejemplo, en el mes de abril Torres publicó un reportaje con su firma sobre el presunto líder de una banda criminal y al día siguiente recibió la llamada de un abogado que representaba a la persona mencionada en el artículo para instarle a eliminar la historia del sitio web. Torres se negó a hacerlo y alertó a la policía y otros contactos sobre la llamada y no volvió a escuchar nada más, pero decidió que ya no usaría su nombre cuando publicara información que pudiera ponerlo en riesgo.
Gerardo Delgado Olmedo, quien cubría noticias sobre crimen en una página de Facebook llamado Ola Manta TV, fue asesinado a tiros en agosto de 2022. El crimen fue perpetrado por dos hombres armados mientras el periodista esperaba en su automóvil en un semáforo en las afueras de la ciudad de Manta, en la costa del Pacífico. Los asesinatos de Mike Cabrera y César Vivanco se sumaron al de Olmos ese año, además de la desaparición de Fernando León.
En marzo, la periodista Karol Noroña, del sitio independiente GK, de Quito, informó sobre el intento de asesinato del director de la prisión de mujeres en Guayaquil y realizó entrevistas con internas sobre la alta tasa de homicidios dentro de las prisiones. En mayo, luego de reunirse con una fuente que le dijo que un líder de una banda de narcotraficantes la había amenazado de muerte por su trabajo, Noroña decidió huir de Ecuador.
El peor momento para ser periodista en Ecuador
Ecuador está atravesando uno de los periodos más críticos para la libertad de prensa, según un informe de la Fundación Periodistas sin Cadenas. La violencia generalizada y el aumento de la autocensura están generando un ambiente hostil para la labor periodística en el país.
Un caso emblemático es el del periodista ciudadano Francisco Rodríguez, quien sufrió un ataque a tiros y recibió amenazas de muerte por abordar temas ambientales y la inacción gubernamental en la provincia de Napo. A pesar de presentar una denuncia, la investigación no arrojó resultados, y Rodríguez se vio obligado a abandonar Ecuador.
Ante esta preocupante situación, el Comité para la Protección de los Periodistas hace varias recomendaciones al gobierno ecuatoriano:
- Reglamentar rápidamente la Ley Orgánica de Comunicaciones, promulgada en noviembre de 2022, para limitar la interferencia estatal en los medios y proporcionar medidas esenciales de protección para los periodistas.
- Asegurar recursos financieros críticos para el mecanismo existente de protección a los periodistas.
- Cumplir la promesa de financiamiento adecuado a la fiscalía general del estado para proteger a la prensa, a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas.
- Garantizar que los periodistas y medios ecuatorianos puedan informar sin temor a represalias, especialmente en las semanas previas a las elecciones.
El llamado a las autoridades judiciales y de aplicación de la ley incluye:
- Investigar a fondo los ataques y amenazas contra la prensa, llevando a los responsables ante la justicia.
- Asegurar el regreso seguro de periodistas que se vieron obligados a huir por amenazas.
- Implementar plenamente el mecanismo de protección existente para permitir que los periodistas en riesgo continúen su labor sin temor a represalias físicas.
