La activista y periodista Yunia Figueredo y su esposo, el también comunicador Frank Correa, fueron detenidos de forma arbitraria en el barrio habanero de Jaimanitas y sometidos a un interrogatorio en el que la seguridad del Estado utilizó la salud de su hija menor como chantaje para coartar su labor informativa.
De acuerdo con los reportes de Martí Noticias y organizaciones de derechos humanos, la pareja fue interceptada por un patrullero en el municipio Playa bajo el pretexto de que Figueredo había incumplido una presentación policial obligatoria impuesta de manera irregular —una medida cautelar dictada sin sentencia judicial ni respaldo de un tribunal—. Tras el arresto, ambos fueron trasladados a los calabozos del cuartel general de la policía política en Villa Marista, donde permanecieron incomunicados y separados.
Durante el interrogatorio, la presión de los agentes escaló hasta vulnerar los derechos fundamentales de su núcleo familiar. Según denunció Correa, las autoridades amenazaron a la periodista con la situación migratoria de la familia, el futuro académico de su hija mayor y, de manera cruel, con obstaculizar la intervención quirúrgica que requiere su hija menor debido a una fractura de tabique.
Por su parte, Figueredo relató al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) que una oficial identificada como la mayor Hilda le advirtió tajantemente:
Nunca se va a poder operar si continúas persistiendo en la contrarrevolución
Durante su cautiverio, la periodista permaneció más de cinco horas sin acceso a agua ni servicios sanitarios, mientras que su esposo fue confinado temporalmente en una celda sin techo conocida como “solera”.
El respaldo internacional y la postura de ARTICLE 19
Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa, como ARTICLE 19, han documentado y denunciado de manera reiterada este patrón sistemático de persecución, detenciones arbitrarias e intimidación psicológica en contra de Yunia Figueredo y otros periodistas independientes en la isla.
En incidentes previos documentados por redes regionales de protección (como la Red Voces del Sur y reportes vinculados a ARTICLE 19), la organización ha reprobado firmemente la criminalización de la labor informativa en Cuba, señalando que la utilización de procesos penales infundados, las restricciones de movimiento arbitrarias y el amedrentamiento directo contra los familiares y la vida privada de los comunicadores constituyen graves violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos —específicamente al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión sin interferencias estatales—.
Los ataques recientes contra Figueredo y su familia forman parte de un expediente judicial fabricado en su contra bajo un presunto delito de atentado a la Constitución, derivado de su cobertura y participación en protestas ciudadanas contra los apagones. Ante este escenario, organizaciones civiles y colegas del gremio continúan exigiendo el cese inmediato de la censura, el respeto a las garantías procesales y la protección de la integridad de los menores involucrados en este hostigamiento de Estado.
