En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Delitos contra Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y sus organizaciones afiliadas lanzaron una exigencia global enfocada en un eslabón crítico de la justicia: que los autores intelectuales rindan cuentas ante la ley.

A trece años de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaurara esta fecha para visibilizar las agresiones contra la prensa, la FIP advierte que el clima de hostilidad, la intimidación y la violencia no han cesado para quienes ejercen la labor informativa y exigen rendición de cuentas a quienes detentan el poder.

Un muro de impunidad histórica

De acuerdo con datos del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, entre 2006 y 2025 más de 1,600 periodistas han sido asesinados en todo el mundo. Lo alarmante del panorama es que cerca de seis de cada siete de estos crímenes permanecen sin resolverse en los tribunales, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad para las redacciones.

Aunque los registros recientes de la FIP documentan 15 asesinatos de trabajadores de medios en zonas de conflicto y riesgo —incluyendo casos en Palestina, Líbano, Colombia, Yemen y Somalia—, el organismo subraya que cualquier agresión mortal es inaceptable y requiere investigación rigurosa. Sin embargo, la campaña de este año pone el foco en romper la impunidad estructural visibilizando aquellos procesos donde la justicia realmente ha alcanzado a los planificadores y mandos que ordenaron los crímenes.

El llamado a los gobiernos

Ante la pregunta constante de "¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién planeó el crimen?", la FIP recordó que no puede haber una verdadera garantía para el libre ejercicio periodístico mientras los autores intelectuales operen con total libertad.

Por ello, la organización sindical internacional instó a los gobiernos de todas las regiones a comprometerse con investigaciones reales, adoptar convenios vinculantes a nivel internacional para la protección de los profesionales de la comunicación y dotar de recursos de apoyo a las familias afectadas, advirtiendo que sin rendición de cuentas en todos los niveles, la democracia y la libertad de prensa seguirán gravemente amenazadas.