El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer su facultad de atracción en las investigaciones de los seis periodistas asesinados en México en lo que va del presente de año.
Asimismo, pidió aumentar la coordinación entre autoridades federales y estatales y a reforzar las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo federal de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La organización advirtió que la violencia letal contra la prensa actuales de las más graves que ha documentado en México en más de una década y señaló a la impunidad como el principal factor que incentiva la persistencia de las agresiones.
Agregó que mientras que la respuesta de las autoridades estatales es deficiente, la Presidencia no se ha pronunciado sobre los recientes asesinatos de periodistas.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del CPJ, México se mantiene entre los 10 países peor clasificados con 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en el país desde 1992, de los cuales 97 permanecen clasificados como “no confirmados”, debido a que no fue posible determinar si estuvieron directamente relacionados con la actividad periodística de las víctimas.
El CPJ atribuyó parte de esta falta de certeza a investigaciones que se estancaron o no consiguieron establecer claramente el móvil de los crímenes.
Entre los factores de riesgo persistente identificados se enumeró las disputas entre organizaciones criminales, la cobertura de corrupción y violencia, así como la participación de funcionarios públicos, particularmente integrantes de corporaciones policiales, en agresiones contra periodistas.
Otra de las preocupaciones expresadas por el CPJ se relaciona con la capacidad de respuesta del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que cuenta con aproximadamente 500 periodistas incorporados a su programa.
No obstante, de acuerdo con información proporcionada al CPJ alrededor del 80% de las solicitudes de incorporación presentadas por periodistas y personas defensoras de derechos humanos son rechazadas.
El CPJ agregó que en lo que va del siglo, ningún caso de un periodista asesinado o desaparecido en México ha concluido con la detención y condena tanto de los autores materiales como de los intelectuales.
Sin embargo, Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México consideró que las autoridades mexicanas distan mucho de estar atadas de manos para frenar los asesinatos.
“Tienen la oportunidad de prevenir nuevos actos de violencia, proteger a los comunicadores y comprometerse de lleno a garantizar la libertad de prensa”, señaló.
Urgen aplicar las facultades federales
El Comité destacó las facultades que tienen las autoridades federales para asumir investigaciones de delitos contra periodistas, intervención que consideró especialmente urgente dada la presunta participación de funcionarios públicos locales en al menos dos de los seis asesinatos registrados este año.
“Las autoridades federales no solo cuentan con una amplia facultad, de acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, para hacerse cargo de las investigaciones de delitos contra periodistas cuando hay funcionarios públicos involucrados, sino que también han demostrado en el pasado ser más eficaces al obtener condenas en varios casos de alto perfil de periodistas asesinados, incluidos los homicidios en 2017 de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas”, indicó el CPJ.
CPJ recordó a los periodistas asesinados en México en lo que va de este año.
Veracruz concentra tres de los seis casos. Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz y corresponsal del periódico Noreste, fue asesinado el 8 de enero en Poza Rica. El periodista cubría principalmente temas de nota roja.
El 11 de junio, Luis Ángel López, reportero del periódico regional Vanguardia, fue asesinado también en Poza Rica. El ataque ocurrió en la misma calle donde meses antes había sido asesinado Castro.
Los restos de la periodista Roxana Guzmán fueron encontrados el 3 de julio en Moloacán, Veracruz, después de que fuera reportada como desaparecida.
De acuerdo con la información recopilada por el CPJ, ocho personas han sido detenidas, entre ellas cuatro integrantes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste.
En Guerrero, el periodista ambiental, activista y creador de contenido Alex Serna fue reportado como desaparecido el 20 de junio y su cuerpo fue localizado posteriormente en Zihuatanejo.
En tanto, Josué Martínez, fundador y director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio cerca de su domicilio en Puebla. De acuerdo con los reportes citados por el CPJ, el periodista se encontraba con su hijo de 13 años cuando fue atacado.
Seis días después, el 22 de julio, Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en San Pablo Etla, Oaxaca.
Exdirector de CORTV y posteriormente columnista, publicaba El Zumbido del Moscardón, un espacio de opinión en el que abordaba corrupción, delincuencia organizada y presuntos abusos de autoridades estatales y municipales, además de mantener una postura crítica hacia el gobernador Salomón Jara.
El CPJ cuestionó las respuestas de las autoridades ante los crímenes y señaló que, pese a las exigencias de justicia de periodistas y organizaciones, el gobierno federal no ha anunciado acciones específicas frente al conjunto de asesinatos.
También cuestionó las respuestas estatales. En Veracruz, donde se concentra la mitad de los casos contabilizados por la organización, el CPJ señaló que la gobernadora Rocío Nahle negó en junio que la entidad enfrente un problema de violencia contra la prensa.
En Oaxaca, apuntó que el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato de Leyva Aguilar, aunque ha sido cuestionado por sus declaraciones contra periodistas y medios críticos.
