La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación ante el allanamiento ejecutado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la vivienda de Hannah Natanson, reportera del The Washington Post, en el marco de una investigación federal relacionada con la presunta retención de información clasificada por parte de un contratista del gobierno de Estados Unidos.

El operativo, realizado en Virginia, incluyó la incautación de dispositivos electrónicos personales y de trabajo.
Las autoridades notificaron al periódico y a la periodista que no son objeto de la investigación, sin embargo, la acción generó fuertes cuestionamientos sobre sus implicaciones en materia de libertad de prensa.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, calificó la acción como “una medida extrema” que vulnera principios fundamentales del periodismo, como la protección de fuentes confidenciales, el secreto profesional y el derecho de la sociedad a estar informada.

“La investigación de eventuales filtraciones no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico”, afirmó Manigault.

La SIP también alertó sobre el efecto disuasorio que este tipo de operativos puede provocar en periodistas y fuentes, especialmente si se realizan sin salvaguardas que garanticen legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), recordó que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y los estándares interamericanos de derechos humanos establecen límites estrictos a la intervención estatal en el ejercicio de la prensa.

“El uso de herramientas policiales o judiciales contra periodistas, aun bajo el argumento de seguridad nacional, exige un escrutinio riguroso”, subrayó Ramos. “La protección de las fuentes es un pilar esencial del periodismo independiente”, agregó.

Según fuentes judiciales, la operación del FBI se relaciona con el caso del contratista Aurelio Pérez-Lugones, acusado de imprimir y retener documentos clasificados del Pentágono.

La fiscal general Pam Bondi confirmó que la operación fue solicitada por el Departamento de Defensa.

El editor ejecutivo del Washington Post, Matt Murray, reiteró que ni el medio ni su reportera son blanco de la investigación y calificó el operativo como una medida “extraordinaria y agresiva” que plantea dudas serias sobre el respeto a las protecciones constitucionales para el periodismo en Estados Unidos.