El Gobierno de España avanza en una reforma que establece un límite del 35% a la publicidad institucional que puede representar en los ingresos de un medio, de acuerdo con diversos medios españoles.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público, una de las últimas reformas pendientes plan del denominado Plan de Acción por la Democracia, que el Ejecutivo impulsa desde septiembre de 2024.
Además del límite porcentual, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la trazabilidad del gasto público en comunicación y a garantizar criterios más transparentes en la asignación de campañas institucionales.
El objetivo central de la reforma sería reforzar la transparencia sobre cómo invierten el dinero público las administraciones y a la vez evitar que algunos medios privados dependan de manera predominante de recursos provenientes de administraciones públicas y que ello pueda afectar su autonomía informativa.
La iniciativa también pretende armonizar la legislación española con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (European Media Freedom Act), en vigor desde el 8 de agosto de 2025 y de aplicación directa en los 27 países de la Unión Europea.
Esta normativa obliga a los medios a hacer pública información sobre su estructura de propiedad y las fuentes de financiación pública, incluyendo la publicidad institucional.
No obstante, la propuesta surge en un momento en el que los medios enfrentan desafíos de sostenibilidad, en particular los medios locales y de tamaño pequeño.
