La administración federal estadounidense planea enviar al Congreso, cuando este reanude sesiones el 28 de abril, un memorando para que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben un recorte presupuestal al financiamiento de medios públicos y agencias como la USAID, que según estimaciones de agencias internacionales podría superar los 9 mil millones de dólares.
De acuerdo con información divulgada por NPR, fuentes en la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato, el documento contempla la eliminación casi total del apoyo económico federal a los medios públicos, entre ellos la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB), organización independiente y sin fines de lucro que financia, en parte, a NPR y PBS.
La Casa Blanca emitió una declaración a inicios de la semana, sin aludir directamente al memorando, afirmando que durante años los contribuyentes estadounidenses han “subvencionado a la Radio Pública Nacional (NPR) y al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS), los cuales difunden propaganda radical y ‘woke’ disfrazada de noticias”.
En el texto, la administración cuestiona la cobertura que califica como “basura que pasa por ‘noticias’” y señala “intolerancia hacia puntos de vista no afines a la izquierda”.
En tanto, se anticipa que el presidente proponga rescindir mil 100 millones de dólares, equivalentes a dos años de financiamiento para la CPB.
En una audiencia celebrada a finales de marzo ante el Subcomité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, se citó a los líderes de NPR y PBS a testificar bajo el argumento de un presunto sesgo informativo en contra de posturas conservadoras.
NPR emitió un comunicado donde advierte que la desaparición del apoyo a la Corporación de Radiodifusión Pública impactaría de manera “devastadora” a las comunidades estadounidenses, que dependen de la radio pública para acceder a noticias locales y nacionales confiables, alertas de emergencia y contenido cultural.
El futuro de la financiación para NPR, PBS y otras iniciativas que reciben fondos federales, así como la ayuda exterior, dependerá de la decisión que adopten legisladores de ambas cámaras en las próximas semanas, cuando se cumpla el lapso de 45 días para validar o rechazar la solicitud de recorte presupuestario.