La judicialización del periodismo y el uso arbitrario del poder para silenciar voces críticas son hoy una de las principales amenazas a la libertad de prensa en América, advirtieron periodistas y directivos de medios de México, Paraguay, Panamá y Honduras durante el panel Judicialización y Censura en el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Moderado por Martha Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el panel abordó casos concretos de ataques judiciales, hostigamiento estatal, censura previa y autocensura como estrategias para debilitar al periodismo independiente.

Rita Vásquez, directora de La Prensa, relató cómo su medio ha enfrentado demandas millonarias y acoso desde el poder. 

Con más de 60 millones de dólares en demandas por calumnia e injuria, en procesos civiles equiparables a disputas contractuales, explicó que estas vías buscan debilitar a los medios económicamente. 

Vásquez denunció la inexistencia en Panamá del principio de “real malicia” como estándar legal y cómo el sistema judicial permite que periodistas y medios sean perseguidos con el objetivo explícito de desgastarlos económica y moralmente.

“Estas demandas, aun cuando se ganan, dejan un costo altísimo. Hemos tenido que reducir personal y limitar coberturas. El impacto es real”, afirmó al señalar también cómo la publicidad estatal se ha utilizado como mecanismo de castigo a medios críticos.

Por su parte, Sebastián Pastor, director ejecutivo de Televicentro, describió un contexto alarmante en Honduras, donde el mecanismo de protección a periodistas está desmantelado y la intimidación judicial se ha convertido en la “cara más visible” del autoritarismo.

“Estamos a semanas de una elección y la judicialización se ha vuelto sistemática. Hay querellas desde las Fuerzas Armadas exigiendo revelar fuentes, algo que atenta contra principios internacionales”, denunció Pastor, señalando que más de 100 periodistas han sido asesinados en dos décadas, con un 88% de impunidad.

En tanto, César Eduardo Coll, de ABC Color, compartió casos paradigmáticos de Paraguay, como demandas multimillonarias que se prolongan por años, incluyendo una de 10 millones de dólares contra la periodista investigadora Mabel Rehnfeldt, así como procesos penales sin fundamentos reales impulsados por jueces alineados con el poder político.

“La judicialización es hoy una herramienta de censura indirecta, pero efectiva. No solo intimidan a periodistas, también a jueces. Hoy muchos temen dictar resoluciones por represalias políticas”, advirtió Coll. 

Buscan silenciar y desacreditar 

Por otro lado, César Castillejos, director de Alianzas Estratégicas de TV Azteca y ADN40, denunció que el gobierno mexicano ha creado un sistema de propaganda institucionalizado que ataca públicamente a medios críticos desde espacios oficiales como “la mañanera”.

“No solo quieren silenciar voces: buscan desacreditarlas. Se han emitido medidas cautelares para bajar contenidos, nombrado interventores para redes sociales e incluso promovido leyes que habilitan el espionaje a través de plataformas digitales”, alertó Castillejos.

Ante las presiones y el acoso legal, los ponentes hicieron un llamado unánime a generar conciencia regional, campañas ciudadanas y un nuevo marco legal de protección a la libertad de expresión. 

Coincidieron en que ya no basta hablar de censura directa o indirecta. “Estamos ante una censura sistémica, sofisticada y en expansión”, indicaron.

“La isla no es un país: la isla es América Latina”, advirtió Coll. “Y ante eso, necesitamos la globalización de la protección al periodismo”, ahondó.