La noche del 11 de agosto de 2023, cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, tras acudir a la Feria de la ciudad. Mientras la alerta y las fotografías comenzaban a circular rápidamente por grupos de WhatsApp, una reportera local llamada Sandra se dispuso a redactar la nota, pero antes de hacerlo aplicó una serie de filtros preventivos: eliminó referencias geográficas precisas, modificó palabras y borró las siglas de la organización criminal a la que se atribuían los hechos, sin que ninguna autoridad o grupo criminal tuviera que llamarla previamente (Grupo Animal).
Este tipo de modificaciones editoriales cotidianas revela una forma de violencia contra la prensa que resulta mucho más difícil de cuantificar que los ataques físicos: la autocensura como un mecanismo indispensable para salvaguardar la vida y sobrevivir al informar. A través de testimonios recabados con mujeres periodistas en Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y la región de Los Altos de Jalisco, se constató que muchas han dejado de transmitir en vivo, evitan acudir solas a ciertos sitios, posponen publicaciones delicadas, omiten nombres específicos de cárteles y, en ocasiones, optan por dejar notas sin firma o archivar investigaciones
El panorama de riesgo se agrava con antecedentes trágicos como el del reportero Israel Vázquez Rangel, asesinado a balazos en noviembre de 2020 en Salamanca, Guanajuato, cuando se disponía a realizar una transmisión en vivo sobre el hallazgo de restos humanos. Asimismo, en agosto de 2024, el periodista Alejandro Martínez Noguez fue ultimado a tiros en Celaya mientras viajaba bajo custodia de elementos de seguridad municipal, lo que demuestra que el peligro persiste de manera latente entre quienes continúan ejerciendo la labor informativa
El fenómeno de la autocensura también involucra aspectos logísticos tan cotidianos como la ubicación en tiempo real, ya que herramientas como los videos en vivo en redes sociales exponen de inmediato el paradero exacto de quienes cubren la nota. Por esta razón, las profesionales de la comunicación han optado por disminuir los tiempos de estancia en las escenas de riesgo, evitar la mención explícita de grupos delictivos y reducir el nivel de detalle sobre mensajes o símbolos encontrados en las escenas del crimen, transformando el miedo en una variable constante dentro del proceso editorial
De acuerdo con registros de la organización Artículo 19, durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, advirtiendo sobre la existencia de estructuras y condiciones que generan un efecto inhibidor de la libertad de expresión donde intervienen tanto actores criminales como autoridades y poderes políticos y económicos (Artículo 19).







