Pío López Obrador, hermano del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha presentado una demanda por daño moral y daños punitivos en contra del medio de comunicación Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola, solicitando el pago de 200 millones de pesos a cada uno de ellos.
La demanda se basa en la difusión de dos grabaciones en las que se aprecia a Pío López Obrador recibiendo sumas de dinero en efectivo contenidas en sobres sellados. El hermano del presidente reclama un total de 400 millones de pesos como compensación por el daño causado a su reputación y por la afectación de sus oportunidades de negocios actuales. En la demanda, Pío López Obrador alega que se encuentra inactivo a raíz de la conducta ilícita de los acusados, lo cual le impide dedicarse de lleno a su proyecto de vida.
En una emisión reciente de su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola se cuestionó:
“¿400 millones de pesos? ¿Qué negocio se interrumpió? ¿Esas ganancias esperaba obtener en el gobierno de su hermano? ¿Qué compromisos y expectativas tenía?”
Pío López Obrador ha intentado mantener en secreto las acciones legales emprendidas por la divulgación de los videos. En la demanda presentada ante un juzgado en CDMX, solicitó, de manera muy puntual que todo el proceso judicial que involucre a los actores mencionados se clasifiqué como “información confidencial reservada”.
En su demanda, Pío López Obrador pidió que los nombres de las partes involucradas no se hicieran públicos en el boletín judicial y que se ordenara su publicación como información secreta. A raíz de la solicitud del hermano del presidente López Obrador, la jueza suplente del Juzgado 62 de lo Civil de la Ciudad de México, Beatriz Elizabeth Silva Mata, determinó el 28 de noviembre de 2022 que toda la información del caso se mantuviera en confidencialidad y no se divulgara públicamente.
La jueza también advirtió que se aplicarían medidas coercitivas a quienes divulgaran la información. Ante esta resolución, el periodista Carlos Loret de Mola comentó en su programa: “La jueza encargada del caso, Beatriz Elizabeth Silva Mata, ha estado actuando de manera peculiar en favor de Pío López Obrador. Me amenazó con una mordaza y, si hablo del juicio, podría incluso ser encarcelado por 36 horas”.
El 20 de agosto de 2020, Latinus difundió en el episodio 12 de Loret un par de videos en los que se ve al hermano del presidente recibir sobres con dinero destinado al movimiento político liderado por el presidente López Obrador. El momento en que se dio esta grabación y la entrega de efectivo fueron realizadas por David León Romero, en aquellos años aún asesor del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
Sin delito alguno por videoescandalo: FGR
Pío López Obrador fue absuelto en noviembre del año pasado por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación al caso de los videos donde se le ve recibiendo dinero de David León. Se alegó que el dinero tenía como objetivo financiar ilegalmente a Morena, pero no se pudo probar durante la investigación.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) decidió no ejercer acción penal en favor de Pío López Obrador, de acuerdo con la resolución obtenida en exclusiva por La Silla Rota. La medida también beneficia a David León, cercano al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y supuestamente responsable de grabar y difundir los videos en Latinus el 20 de agosto de 2020.
Después de dos años de investigación, se concluyó que Pío López Obrador no cometió delitos electorales ni proporcionó financiamiento ilegal para campañas de Morena. Esto fue confirmado por el presidente del partido, Mario Delgado, en su declaración ante la FEDE.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, incluido en la investigación, también determinó que Pío no participó en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR no solicitó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso, a pesar de la propuesta de la defensa de Pío, liderada por el doctor en Derecho, Pablo Hernández-Romo Valencia.
El propio mandatario mexicano dijo estar dispuesto a presentar su testimonio por escrito si se le solicitaba, pero finalmente no fue necesario. La resolución establece lo siguiente:
"Primero; se determina el No ejercicio de la Acción Penal en la carpeta de investigación en que se actúa por los hechos denunciados, en contra de los imputados PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO al actualizarse la causal de sobreseimiento señalada en la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales".
La decisión fue revisada por Estela Cortés Santiago, titular de la Unidad de Investigación y Litigación B, supervisada por Gerardo García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, y autorizada por Daniel Díaz Cuevas, director general Jurídico en Materia de Delitos Electorales
En el contenido de la resolución, la FGR, a través de la FEDE, indica que tampoco se cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"Una vez analizado el contenido de la información remitida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se puede advertir que tanto Pío Lorenzo López Obrador como David Eduardo León Romero no reportan dentro de sus actividades financieras, depósitos o transferencias a cuentas bancarias relacionadas con algún partido político o bien con algún funcionario partidistas o candidato a algún puesto de elección popular. [...] se dicta la presente resolución con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Con base en los datos analizados, la FGR y la FEDE concluyeron que no había pruebas suficientes para determinar que Pío López Obrador y David Eduardo León Romero cometieron el delito denunciado. Tampoco se encontraron indicios que vincularan a los investigados con la comisión del delito o la participación en él.
La absolución de Pío López Obrador y David León Romero representa un punto de inflexión en este caso mediático, que ha sido objeto de intensa discusión en el ámbito político mexicano. A pesar de las acusaciones y las investigaciones realizadas, la justicia mexicana ha determinado que no existen pruebas suficientes para probar la culpabilidad de los implicados en el caso de los videos y el presunto financiamiento ilegal de Morena.
